La violencia que golpea a Barranquilla y los municipios de su área metropolitana tiene un rostro cada vez más joven. En lo que va de 2026, al menos 30 adolescentes han sido asesinados en Barranquilla, Soledad, Malambo y Puerto Colombia, de acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades. Todos los casos registrados tienen un elemento en común, las víctimas fueron atacadas con armas de fuego.
Detrás de esta cifra hay familias que han tenido que enfrentar la pérdida de hijos, hermanos y nietos, pero también investigaciones que intentan establecer qué llevó a estos menores a convertirse en víctimas de hechos relacionados, según las autoridades, con disputas entre estructuras criminales que tienen presencia en el área metropolitana.
Los homicidios se concentran principalmente en Barranquilla, donde se han registrado 14 casos. Le siguen Soledad con ocho, Malambo con siete y Puerto Colombia con uno, para un total de 30 adolescentes asesinados.
En Barranquilla, los crímenes han ocurrido en sectores como Rebolo, La Luz, La Chinita, El Bosque, El Valle, La Esmeralda, Carrizal, Las Nieves y Las Gardenias. En Soledad aparecen reportados casos en Normandía, Las Moras, Porvenir y Ciudad Paraíso.
Malambo también concentra una parte importante de los hechos, con registros en sectores como El Concord, Villa Spencer, Barrio Abajo y Villa Esperanza, entre otros. En Puerto Colombia, el homicidio de un adolescente ocurrió en el barrio Miramar. De acuerdo con las hipótesis manejadas por las autoridades, algunos de estos homicidios estarían relacionados con las disputas entre organizaciones criminales como Los Costeños, Los Pepes y La Nueva Generación del Freseo.
Las investigaciones apuntan en algunos casos a posibles disputas por el control de puntos y rutas utilizadas para la comercialización de estupefacientes. En otros hechos, las autoridades analizan una posible relación con actividades de cobro de extorsiones y las denominadas rutas de cobradiario.
Sin embargo, cada homicidio tiene una investigación independiente y la relación de una víctima con una estructura criminal debe ser establecida dentro de cada proceso judicial.
El fenómeno también aparece reflejado en las actuaciones de las autoridades contra adolescentes. En lo que va de 2026, la Policía ha reportado la aprehensión de 402 menores de edad en Barranquilla y municipios del área metropolitana.
El delito que concentra el mayor número de aprehensiones es el porte ilegal de armas de fuego, con 116 casos. Le siguen el hurto a personas con 81, la extorsión con 41, otras conductas delictivas con 39, la violencia intrafamiliar con 25 y las lesiones personales con 24. También aparecen registros por receptación con 23 casos, tráfico de estupefacientes con 19, hurto de motocicletas con 18 y homicidio con 16 aprehensiones.
Las cifras muestran las dos caras de una problemática que involucra a los menores de edad. Por un lado están los adolescentes asesinados en medio de hechos violentos y, por otro, aquellos que terminan vinculados a investigaciones por diferentes conductas delictivas.
Las autoridades señalan que estos casos son atendidos bajo las reglas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y con respeto de las garantías establecidas para los menores.
La Policía también desarrolla actividades de prevención en colegios, barrios y sectores considerados prioritarios, con participación de las unidades de Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria y otras especialidades.
El propósito de estas acciones es prevenir la captación, utilización o instrumentalización de menores por parte de estructuras criminales. Para ello se realizan jornadas con estudiantes, padres de familia, docentes y líderes comunitarios, además de actividades de sensibilización frente al consumo de sustancias psicoactivas, el porte de armas y la vinculación a dinámicas delincuenciales.
Uno de los casos que más impacto generó durante 2026 fue el asesinato de dos hermanas de 14 y 17 años, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en una vivienda de Malambo después de varios días de búsqueda.
Las adolescentes desaparecieron el martes de Carnaval, el 17 de febrero, después de salir de su vivienda en el barrio La Sierrita de Barranquilla. La investigación estableció que terminaron en una vivienda de Malambo donde se desarrollaba una fiesta y en la que se encontraban varias personas.
Entre los presentes estaba Juan David Taboada, señalado con el alias de Fabián, quien para ese momento tenía 17 años, además de un hombre conocido como El Mono y otras personas que permanecían en el inmueble.
Según las investigaciones, una discusión relacionada con un teléfono celular habría desencadenado el crimen. Una mujer que se encontraba en el lugar habría tomado el celular de una de las hermanas y posteriormente le habría manifestado a un hombre que estaba en la fiesta que su pareja pretendía entregarlo a una organización criminal rival.
La investigación señala que el adolescente de 17 años habría disparado contra la menor de 14 años. Posteriormente, la joven de 17 años habría sido llevada hacia el patio de la vivienda, donde, según la hipótesis de las autoridades, fue asesinada.
Mientras las familias buscaban a las adolescentes, comenzaron a recibir llamadas y mensajes en los que les exigían dinero a cambio de una supuesta liberación. La primera exigencia habría sido de 50 millones de pesos, cantidad que posteriormente descendió a 40, 20 y finalmente 10 millones.
El caso llegó al Gaula de la Policía, cuyos investigadores utilizaron herramientas tecnológicas para rastrear los números desde los que se realizaban las llamadas. Uno de los dispositivos fue ubicado en inmediaciones de la Clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla.
El 27 de febrero, las autoridades llegaron hasta el centro asistencial y encontraron allí a Juan David y al adolescente de 17 años. Ambos habían resultado heridos en un accidente de motocicleta ocurrido un día antes.
Durante las diligencias, el menor habría entregado información sobre lo ocurrido en la vivienda de Malambo y proporcionado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.
Un día después, el 28 de febrero, las autoridades llegaron hasta el sitio indicado y encontraron los cadáveres de las dos hermanas.
La investigación continuó después del hallazgo de los cuerpos. El 12 de marzo, autoridades venezolanas informaron sobre la muerte de alias Fabián, el adolescente de 17 años que era investigado por su presunta participación en el doble crimen.
De acuerdo con la información conocida durante el proceso, el menor habría manifestado preocupación por las consecuencias que podría tener para él y su familia lo ocurrido en el patio de la vivienda.
Posteriormente habría salido del país debido a amenazas. En Venezuela se produjo un enfrentamiento con la Policía que terminó con su muerte.
Mientras tanto, el proceso judicial contra los demás señalados continúa.
A Juan David Taboada Olivera, identificado también como alias Tata, la Fiscalía 4 Especializada le imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, porte ilegal de armas y homicidio agravado.
El adolescente que fue detenido en la clínica recibió imputación por homicidio agravado, secuestro extorsivo y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. De acuerdo con la información del proceso, no aceptó los cargos y fue enviado a un centro de internamiento preventivo para adolescentes.
Las autoridades sostienen que aproximadamente siete personas habrían participado o permanecido en el lugar donde ocurrieron los hechos. La investigación continúa para determinar el papel que habría desempeñado cada una de ellas y establecer la responsabilidad individual que corresponda.
La próxima actuación judicial contra Juan David Taboada Olivera está prevista para el 22 de octubre, a las 2 de la tarde, cuando se espera la audiencia de formulación de acusación.
El caso de las dos hermanas resume parte de la complejidad de una problemática que durante este año ha dejado 30 adolescentes asesinados en el área metropolitana y cientos de menores aprehendidos por diferentes conductas. Una realidad que pone bajo la lupa no solo la violencia que afecta a los jóvenes, sino también los riesgos de captación y utilización de menores dentro de dinámicas criminales que continúan siendo investigadas por las autoridades.
Redacción: Alejandro Sandoval
Foto: Noticias Coopercom