Más de tres décadas de historia quedaron atrás para dos tiendas tradicionales del barrio Lucero, en Barranquilla. ‘El Pitufo’ y ‘La Legal’, ubicadas en la calle 51 con carrera 34, cerraron sus puertas luego de que sus propietarios, según el gremio de comerciantes, no soportaran la presión de la extorsión.
El cierre fue confirmado por Alejandro Duarte, directivo de Undeco Barranquilla, quien advirtió sobre la difícil situación que atraviesan los pequeños comerciantes de la ciudad. De acuerdo con lo señalado por el dirigente gremial, los dos establecimientos llevaban más de 30 años funcionando y terminaron bajando sus esteras ante el temor generado por los cobros extorsivos.
La situación, según Duarte, no sería un caso aislado. El representante de los comerciantes aseguró que durante 2025 más de 300 tiendas y otros pequeños negocios cerraron en Barranquilla, mientras que durante este año la problemática continúa generando preocupación entre los propietarios de establecimientos.
Para muchos tenderos, el dilema se ha convertido en decidir entre pagar las exigencias económicas de quienes los amenazan o cerrar sus negocios para evitar poner en riesgo su integridad y la de sus familias.
El caso de ‘El Pitufo’ y ‘La Legal’ adquiere además un significado especial para los habitantes del sector. Fueron establecimientos que durante décadas hicieron parte de la vida cotidiana del barrio y que ahora dejan de funcionar en medio de una problemática que, según el gremio, continúa golpeando al pequeño comercio.
La advertencia de los comerciantes contrasta con los resultados operativos reportados recientemente por las autoridades. El Gaula de la Policía informó que, con corte al 24 de septiembre, 330 personas habían sido capturadas en Barranquilla y su área metropolitana por extorsión y delitos conexos durante 2026. De ese total, 323 recibieron medida de aseguramiento intramural, según el balance oficial.
Las autoridades también señalaron que los operativos permitieron evitar el pago de más de 3.000 millones de pesos que, según las investigaciones, pretendían llegar a estructuras criminales.
A esto se suma un reporte divulgado por el alcalde Alejandro Char, quien señaló recientemente una reducción del 63 % en las extorsiones durante un periodo de 30 días. Esa cifra fue presentada por el presidente Abelardo de la Espriella y respaldada públicamente por el mandatario distrital.
Sin embargo, para los comerciantes, las cifras no reflejan completamente lo que ocurre en las calles. El cierre de estos dos negocios vuelve a poner sobre la mesa el impacto que la extorsión tiene sobre pequeños establecimientos familiares, incluso en sectores donde algunos negocios acumulan décadas de permanencia.
Desde Undeco se pidió mantener y reforzar las acciones contra las estructuras dedicadas a este delito, mientras los comerciantes reclaman condiciones que les permitan mantener abiertos sus negocios sin tener que escoger entre pagar una extorsión o abandonar años de trabajo.
Redacción: judiciales