El Gobierno Nacional adelanta gestiones financieras y administrativas con el propósito de transferir recursos a la empresa intervenida Air-e, garantizando así el cumplimiento de sus obligaciones con los distintos operadores del mercado eléctrico. El agente interventor de la compañía, Ramiro Castilla, confirmó la medida durante el desarrollo de la audiencia pública de la Comisión Quinta del Senado en Barranquilla, destacando que la prioridad inmediata radica en saldar los compromisos con las térmicas, actores indispensables para el abastecimiento energético nacional durante las etapas de sequía derivadas del fenómeno de El Niño.
Respecto a la solicitud de $1,2 billones destinada a cubrir los saldos pendientes con las generadoras, Castilla precisó que la operación es coordinada directamente desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda. De igual forma, enfatizó que la recuperación de la distribuidora no depende de una sola inyección económica, sino de un trabajo articulado con el Ministerio de Minas y Energía para estructurar soluciones técnicas, financieras y regulatorias de mediano plazo que salvaguarden la continuidad de la prestación del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Aunque durante los primeros 50 días de intervención se han implementado estrictos planes de austeridad, recorte de gastos y optimización de procesos internos, la administración de Air-e admitió que la coyuntura estructural sobrepasa la eficiencia operativa. Frente a este escenario, se avanza en el diseño de un plan de trabajo coordinado junto con la Superintendencia de Servicios Públicos y las carteras ministeriales, cuyo fin es alinear las propuestas vigentes para estabilizar la posición financiera de la prestadora.
Una de las prioridades fijadas en el nuevo esquema operativo es la modificación regulatoria para disminuir la alta exposición de la compañía al mercado de bolsa, donde actualmente adquiere más del 50 % de la energía que distribuye. Esta dependencia expone la estructura de costos a constantes volatilidades tarifarias, especialmente cuando las bajas precipitaciones reducen la oferta hídrica y encarecen los precios del kilovatio, trasladando la presión económica directamente a la empresa y sus usuarios.
Finalmente, la intervención recordó la complejidad social de su cobertura geográfica, donde la mayoría de los suscriptores pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, o habitan en zonas con condición de subnormalidad eléctrica. Ante este panorama, Castilla insistió en la necesidad de consolidar herramientas regulatorias y de respaldo fiscal que permitan honrar las deudas con los generadores sin comprometer la estabilidad financiera de la firma ni interrumpir el suministro eléctrico a las comunidades del Caribe.
Foto y texto: Yuraine Rambal