Durante una jornada en territorio, los integrantes del Concejo de Barranquilla se trasladaron a la localidad Suroccidente para atender de primera mano las exigencias ciudadanas. El cabildante Mauricio Villafañez, al frente de la corporación, destacó que las constantes denuncias giran en torno al aumento del delito y al abandono gradual de las zonas de recreación. Ante este panorama, la concejal Heidy Barrera planteó una estrategia fiscal que otorgue beneficios impositivos a aquellas compañías que contraten mujeres y jóvenes de las zonas Suroccidente, Suroriente y Metropolitana, manifestando además su alarma por los crecientes casos de feminicidios y homicidios de mujeres en estos sectores.
Esta zona urbana de Barranquilla es la más poblada del distrito, con más de 380.000 habitantes distribuidos en cerca de 65 barrios enfrenta serios desafíos estructurales en materia de convivencia. Gran parte de las problemáticas de inseguridad derivan de las disputas entre bandas criminales por el control del microtráfico y la extorsión a comerciantes locales, un fenómeno que afecta directamente la tranquilidad de sectores icónicos como Bosque, La Manga y El Pueblo.
A esto se suma el deterioro acelerado de parques e infraestructura comunitaria, espacios que han sido tomados por el consumo de sustancias psicoactivas o la falta de mantenimiento continuo, limitando el sano esparcimiento de niños y jóvenes.
Frente a la brecha de oportunidades, la apuesta por dinamizar el empleo en las localidades del sur cobra especial relevancia, dado que allí se registran los índices más altos de informalidad laboral e inactividad juvenil de la ciudad. La creación de incentivos para el empresariado busca ser una vía para romper los círculos de pobreza y vulnerabilidad social que facilitan la instrumentalización de los jóvenes por parte de redes delictivas. Asimismo, las alertas emitidas por defensores de derechos humanos y bancadas de la mujer exigen articular estas medidas económicas con rutas eficaces de prevención de la violencia de género y mayor presencia institucional de la Policía y la Fiscalía en el territorio.
Foto y texto: Yuraine Rambal