En medio de una escalada de violencia que ha mantenido en vilo a Barranquilla y varios municipios del Atlántico, los máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ han manifestado su disposición a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno Nacional.
Las estructuras, lideradas por Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, respectivamente, han sido señaladas por las autoridades como las principales responsables de homicidios, amenazas y extorsiones sistemáticas a comerciantes en la región.
Uno de los episodios más recientes y dolorosos fue el asesinato de Ada Luz Pérez Santana, una joven de 27 años oriunda de Plato (Magdalena), quien trabajaba como cajera en un restaurante del barrio La Paz, en Barranquilla.
Según las autoridades, miembros de ‘Los Costeños’ habrían perpetrado el crimen en represalia por el no pago de extorsiones al establecimiento. Ada Luz fue sepultada este martes en su municipio natal, mientras su caso se convierte en símbolo del clamor ciudadano por justicia y paz.
Este mismo martes, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció a través de su cuenta de X que, gracias al trabajo conjunto con la Alcaldía de Barranquilla y el Gobierno Nacional, se recibió la noticia de que Palomino y Díaz reafirmaron su voluntad de entablar diálogos de paz para poner fin a la confrontación criminal. Esta declaración se suma a una carta enviada el pasado 10 de julio por Digno Palomino al presidente Gustavo Petro, en la que expresa su intención de contribuir a una solución pacífica para el Atlántico.
Como parte de los esfuerzos institucionales, el Gobierno Nacional designó el pasado 1 de julio a Monseñor César Alfonso Narváez Muñoz, Obispo Misionero de la Vicaría Episcopal de Soledad e integrante de la Iglesia Anglicana del Caribe, como gestor de paz en el proceso. Su misión será facilitar la interlocución con ambas bandas criminales y contribuir al avance de las negociaciones.
En medio de este escenario, expertos han comenzado a analizar los posibles alcances del proceso. El profesor e investigador académico Alejandro Blanco explicó a Noticias Coopercom la importancia de que estos diálogos se lleven a cabo y señaló los puntos clave que deberían tener en cuenta las instituciones locales, departamentales y nacionales para garantizar resultados efectivos.
“Bueno, lo primero que hay que mencionar es que cualquier intento de paz, siempre que tenga sustento, es bienvenido y que no cabe duda de que se hace necesario un espacio que le permita a la ciudad respirar frente a esta enorme oleada de homicidios que por ahora parece no tener fin. Las cifras indican que en efecto el homicidio va en ascenso”, expresó Blanco sobre el impacto que tendría este escenario en Barranquilla y el Atlántico.
“Primero, es clave que estas organizaciones le den un gesto de paz a la ciudadanía barranquillera y creo que lo primero es, de inmediato, cesar las extorsiones y por supuesto cesar los homicidios. Eso es un elemento clave. Segundo, y fundamental, es que se abran espacios también para que la ciudadanía en su conjunto (empresa privada, movimientos sociales, la academia y en general la comunidad) pueda participar de manera activa en estos diálogos. Un tercer punto, pero no menos importante, es que se abran también discusiones alrededor de lo que significa justicia”, agregó el investigador.
Blanco también resaltó el papel que deben cumplir instituciones como la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras entidades encargadas de garantizar los derechos de los menores, quienes han sido recurrentemente reclutados por estas estructuras criminales. “Creo que hay otro ente fundamental, y en general es la participación ciudadana”, concluyó.
Por su parte, Luis Trejos, profesor investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, advirtió que este tipo de procesos ya se han intentado en otras ciudades del país, y aunque han tenido efectos positivos iniciales, también han enfrentado desafíos importantes. “Lo que hay es una expectativa de que en el corto plazo se empiece a presentar una reducción del homicidio, ya que en las otras ciudades en las cuales se establecieron este tipo de diálogos con grupos criminales, por lo menos durante el primer año y medio de las mesas, efectos de unas treguas que pactan los actores que se sientan a hablar con el gobierno, empieza a disminuir el homicidio”, señaló.
Trejos mencionó el caso de Medellín, donde dichas treguas también lograron reducir las extorsiones en algunos sectores. Sin embargo, advirtió que “lo mismo no sucedió en Buenaventura ni en Quibdó”, por lo que consideró esencial que quienes representen al Gobierno Nacional en estas mesas “tengan la posibilidad de intercambiar o estudiar lo que sucedió en Buenaventura, en Quibdó y en Medellín, para que extraigan las enseñanzas positivas y también las negativas, de cara a no repetir los mismos errores y a potenciar los aciertos que se han tenido en otras ciudades”.
Aunque las manifestaciones de voluntad por parte de los cabecillas criminales abren una puerta a la esperanza, la ciudadanía y los expertos coinciden en que solo acciones concretas, verificables y sostenidas en el tiempo podrán marcar una diferencia real en la seguridad de Barranquilla y el Atlántico. La vigilancia institucional, la presión social y el compromiso colectivo serán esenciales para garantizar que este nuevo intento de diálogo no se quede solo en buenas intenciones.
Redacción: Alejandro Sandoval