A tres meses del apretón de manos que simbolizó una supuesta tregua entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, la violencia en Barranquilla sigue marcando la agenda de seguridad y sembrando dudas sobre la efectividad real de ese acuerdo entre bandas.
El 3 de octubre de 2025, desde la cárcel La Picota de Bogotá, los máximos cabecillas de ambas estructuras, Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ participaron en un encuentro televisado con delegados del Gobierno Nacional, donde se anunció la prórroga de una tregua y se habló de voluntad de paz. Sin embargo, ese mensaje no logró traducirse en tranquilidad sostenida en las calles.
Las cifras oficiales muestran un panorama preocupante. Desde la firma del acuerdo y hasta el 19 de enero, en Barranquilla se han registrado 152 homicidios, de los cuales 120 corresponden a sicariato y ajustes de cuentas, es decir, cerca del 79 %. Los datos, manejados por la alcaldía y la policía, evidencian que los crímenes ligados a disputas criminales no se detuvieron pese al pacto.
La situación se volvió aún más tensa con la propuesta del Gobierno Nacional de trasladar a Barranquilla a varios cabecillas de estas bandas, entre ellos Palomino y ‘Castor’, con el argumento de facilitar diálogos de paz. El anuncio desató un fuerte rechazo por parte de las autoridades locales, que advirtieron que llevar a estos líderes a cárceles de la ciudad podría convertirlas en centros de mando criminal.
El alcalde Alejandro Char fue uno de los primeros en alzar la voz, señalando que la ciudad no necesita más criminales de alto perfil, sino refuerzos reales en seguridad. A su reclamo respondió el presidente Gustavo Petro, quien defendió la estrategia de diálogo y aseguró que su Gobierno ha logrado reducir la tasa de homicidios en la capital atlanticense. No obstante, los hechos recientes mantienen abierto el debate.
En la misma línea crítica se pronunció el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien advirtió que las cárceles locales no están preparadas para albergar a estos cabecillas ni para sostener procesos de negociación de esa magnitud. Las conversaciones entre el Gobierno y las autoridades regionales continúan sin un consenso claro.
Mientras tanto, el Ejecutivo anunció el nombramiento del sacerdote Cyrillus Swinne como nuevo mediador de paz. El religioso, con amplia trayectoria social en sectores del suroccidente de Barranquilla, ha manifestado su disposición a contribuir a la reducción de la violencia, especialmente en Barranquilla y Soledad, donde el control de economías ilegales sigue fragmentando comunidades.
Desde la academia, analistas como Luis Trejos, de la Universidad del Norte, advierten que no se puede atribuir una eventual baja en algunos indicadores únicamente a la tregua. Señalan que no existe un marco jurídico sólido que respalde el acuerdo y que cualquier calma podría ser temporal, con el riesgo de un repunte violento si el pacto se rompe.
Expertos como Alejandro Blanco, también coincide en que Barranquilla atraviesa un respiro frágil. La ciudad enfrenta el desafío de construir una seguridad que no dependa de la voluntad de actores ilegales, sino de un Estado capaz de sostener presencia institucional, garantizar justicia y proteger a las comunidades más expuestas. Porque, como advierte en sus análisis, cuando la paz se apoya en pactos débiles, la violencia suele regresar con más fuerza.
Redacción: judiciales
Foto: Alejandro Sandoval