Seis capturas realizadas en los últimos días volvieron a poner sobre la mesa uno de los delitos que más presión ejerce sobre el comercio de Barranquilla y su área metropolitana. Los procedimientos involucran a personas señaladas de tener vínculos con estructuras como Los Costeños, Los Pepes y La Nueva Generación o Los Frescos, además de incautaciones de armas, droga, teléfonos, dinero y panfletos con mensajes extorsivos.
Pero reducir la discusión a las capturas sería quedarse solamente con una parte de la historia. Las cifras muestran que la extorsión continúa siendo un problema que afecta a comerciantes formales e informales, golpea las economías familiares y, en algunos casos, termina escalando hasta ataques armados y homicidios.
Durante 2025 se registraron al menos 626 denuncias por extorsión en Barranquilla y los cuatro municipios que conforman su área metropolitana. De acuerdo con cifras del sistema estadístico de la Policía presentadas en el Congreso, 417 casos correspondieron a Barranquilla, 153 a Soledad, 37 a Malambo, ocho a Galapa y dos a Puerto Colombia.
Barranquilla concentró así cerca del 67% de las denuncias del área metropolitana. Soledad aportó aproximadamente otro 24%.
El número total tampoco muestra una reducción significativa frente al año anterior. En 2024 se habían registrado 634 denuncias, ocho más que en 2025. La variación fue cercana al 1%, una diferencia demasiado pequeña para hablar de un cambio sustancial en el comportamiento del delito.
El panorama de 2026 plantea, sin embargo, una situación más difícil de interpretar. Durante los primeros meses del año, el Gaula reportó una disminución del 33% en las denuncias frente al mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, las capturas relacionadas con extorsión habían aumentado.
La pregunta es si esa reducción representa realmente menos extorsiones o si una parte de las víctimas simplemente no está llegando a las autoridades.
Una intervención presentada ante el Senado por el congresista Pedro Flórez puso sobre la mesa otra dimensión del problema. Según sus cifras, más de 450 establecimientos habrían cerrado durante los últimos cinco años debido a la presión de las extorsiones, entre ellos tiendas de barrio, restaurantes, peluquerías, farmacias, misceláneas y panaderías. Para 2025, afirmó, se habían reportado al menos 50 cierres adicionales.
La misma información estima que entre 800 y 1.600 fuentes de ingreso podrían haber resultado afectadas. Estas cifras corresponden a estimaciones presentadas por el congresista y no equivalen a un registro oficial único de negocios cerrados exclusivamente por extorsión, por lo que deben ser entendidas como una aproximación a la dimensión económica del fenómeno.
Pero los efectos no terminan cuando un comerciante baja la reja. En julio, el asesinato de Abersio Medrano Ramos, propietario de una distribuidora de pollos en Villa Adela, Soledad, volvió a evidenciar el nivel de violencia que puede acompañar estas dinámicas. El comerciante fue atacado a tiros dentro de su establecimiento y las autoridades investigan si el homicidio estaría relacionado con amenazas extorsivas que presuntamente había recibido.
Ese mismo periodo estuvo marcado por el cierre de establecimientos en Soledad y el sur de Barranquilla después de la circulación de panfletos intimidatorios. Comerciantes consultados denunciaron amenazas a través de llamadas, mensajes de WhatsApp y panfletos, además de ataques contra establecimientos.
Uno de los testimonios recogidos en Soledad permite entender el impacto económico desde el interior de un negocio. Un comerciante aseguró que debe destinar entre 300.000 y 350.000 pesos mensuales al pago de la extorsión y que, en ocasiones, el dinero para los delincuentes termina siendo una prioridad incluso por encima del arriendo, los servicios o la compra de mercancía. También relató que algunos establecimientos han sido atacados a tiros cuando los propietarios no cumplen con las exigencias.
De esta manera, la extorsión deja de ser solamente un delito contra el patrimonio y comienza a convertirse en una forma de presión sobre la economía local. Las investigaciones también muestran que detrás de estos cobros existe una estructura de rentas criminales.
En abril, durante una operación contra nueve presuntos integrantes de Los Costeños en Barranquilla, Soledad y Galapa, las autoridades señalaron que esa estructura podía generar entre 100 y 150 millones de pesos mensuales mediante extorsiones a comerciantes. Los investigadores documentaron amenazas con panfletos, videollamadas y disparos contra las fachadas de establecimientos.
Si se toma únicamente como ejercicio matemático el extremo superior de esa estimación y se proyecta durante 12 meses, se estaría hablando de hasta 1.800 millones de pesos en capacidad de recaudo anual. Sin embargo, esto no significa que la organización haya recaudado efectivamente esa cantidad, sino que permite dimensionar la magnitud de la renta que las autoridades atribuyeron a esa estructura.
Y no es una sola organización la que aparece en las investigaciones. Los Costeños y Los Pepes han sido mencionados en diferentes procesos relacionados con extorsión y control territorial, mientras que en los procedimientos recientes aparece también La Nueva Generación del Freseo.
En uno de los casos más recientes, dos hombres fueron capturados en Rebolo con un arma de fuego, 15 cartuchos, estupefacientes y cinco panfletos alusivos a esa estructura. Aunque fueron capturados por delitos relacionados con armas y drogas, la Policía señaló que presuntamente estarían al servicio del grupo y que los panfletos estaban relacionados con actividades extorsivas.
La presencia de diferentes estructuras plantea otra pregunta sobre el fenómeno: si la extorsión está siendo utilizada también como una herramienta para disputar territorios y controlar determinadas actividades económicas. Mientras tanto, las cifras oficiales de denuncias solamente muestran una parte de la realidad.
El temor a las represalias puede convertirse en una barrera para denunciar. El propio debate público sobre el fenómeno ha advertido que el subregistro podría ser considerable. En la intervención ante el Senado, Pedro Flórez estimó que cerca del 80% de los comerciantes víctimas no denuncia, aunque esta cifra corresponde a una estimación política y no a una medición oficial independiente.
Por eso, 626 denuncias no necesariamente representan 626 víctimas ni permiten establecer por sí solas cuántas extorsiones ocurren realmente. Lo que sí muestran es que el fenómeno permanece activo y que sus consecuencias trascienden los números de un informe policial.
Hay comerciantes que pagan para poder abrir al día siguiente. Otros cierran porque ya no pueden asumir una nueva cuota. Algunos enfrentan ataques contra sus establecimientos y, en los casos más graves, la violencia termina cobrándose vidas.
Las capturas son parte de la respuesta frente al delito, pero no constituyen por sí mismas una medida de cuánto ha disminuido la extorsión. La verdadera dimensión del problema también se encuentra en los negocios que desaparecen, en las familias que pierden su fuente de ingresos, en quienes deciden no denunciar por miedo y en los comerciantes que continúan trabajando bajo amenaza.
Mientras las autoridades cuentan capturas, el comercio cuenta pérdidas. Y detrás de esas pérdidas hay una renta criminal que sigue encontrando en el miedo una de sus principales fuentes de financiación.
Redacción: Alejandro Sandoval