La noche del lunes 6 de abril quedó marcada por algo más que disparos en el barrio Villa Adela, en Soledad. En cuestión de segundos, la rutina de un joven trabajador terminó convertida en tragedia, dejando al descubierto una realidad que muchos prefieren callar.
La víctima fue Yoiber Jesús Sara Escorcia, de 22 años, quien se encontraba en la terraza del pequeño negocio que había levantado con esfuerzo. Allí vendía masa y agua de maíz, productos con los que buscaba sostener a su familia, especialmente a su hijo de apenas dos años.
Testigos relataron que el ataque fue sorpresivo. No hubo advertencias ni tiempo para reaccionar. El joven cayó gravemente herido y, aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil, llegó sin signos vitales.
Más allá de lo ocurrido esa noche, el crimen parece estar rodeado de un contexto que se repite con frecuencia en varios sectores del área metropolitana. De acuerdo con versiones de sus familiares, el joven llevaba meses enfrentando presiones económicas ilegales que lo obligaban a entregar altas sumas de dinero de manera periódica.
Esa carga, difícil de sostener incluso para negocios consolidados, se volvía aún más asfixiante para alguien que dependía de ventas diarias y márgenes mínimos. Aun así, habría optado por seguir trabajando bajo esa presión, en medio de una realidad donde dejar de pagar podía significar un riesgo mayor.
El silencio también hizo parte de esa dinámica. El temor a represalias, según allegados, pesó más que la posibilidad de acudir a las autoridades, una situación que refleja lo que viven muchos comerciantes que prefieren no denunciar por miedo.
En el barrio donde residía, la noticia cayó como un golpe seco. Vecinos y conocidos lo recuerdan como un joven cercano, trabajador y siempre dispuesto a salir adelante. Su muerte no solo deja un vacío en su familia, sino que vuelve a encender las alarmas sobre el impacto de la extorsión en quienes viven del día a día.
Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, la comunidad insiste en una realidad que se repite en voz baja, donde el miedo termina imponiéndose sobre la denuncia y donde trabajar, en algunos casos, se convierte en una actividad de alto riesgo.
Redacción: judiciales
Foto: redes sociales de la víctima