En audiencias contra políticos locales involucrados en la investigación ‘Casa Blanca’, la Fiscalía evidenció cómo fue utilizado el Concejo para contratar a miembros del grupo de Aida Merlano.
“A partir del mes de abril, con una mano decían: aquí estoy para comparecer ante la justicia y, con la otra, hacían lo contrario…”. Esta fue una de las contundentes frases que soltó el Fiscal 37 adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, Joseph Berdugo Jaramillo, en medio de las audiencias preliminares realizadas días atrás contra los siete políticos locales involucrados en la supuesta red de compra de votos para favorecer a la electa senadora Aida Merlano Rebolledo.
Con eso trató de demostrar el fiscal ante el juez que presidía la diligencia que los ‘alfiles’ de Merlano, Juan Carlos Zamora, Margarita Balén, Aissar Castro Bravo, Aissar Castro Reyes, Jorge Rangel, Lilibeth Llinás y Vicente Támara, buscaban presuntamente obstruir a la justicia con distintas maniobras, con la finalidad de evitar que otras personas comparecieran sobre la detectada “empresa criminal”. Según el ente, ellos acosaban a sus líderes para que contactaran a todos los votantes y evitar así que los vincularan a algún tipo de investigación.
Para ello, según el fiscal del caso, los hoy procesados por corrupción al sufragante y concierto para delinquir agravado habrían incurrido en amenazas de muerte, destrucción de documentos, compra de silencios y de testigos. Esas fueron algunas de las maniobras que la Fiscalía encontró en su camino días después del allanamiento realizado el 11 de marzo en la ‘Casa Blanca’, vivienda que servía como comando político de la campaña de Aida Merlano, hoy asegurada por la Corte Suprema de Justicia en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
Pero además, otro de los escandalosos hallazgos de la Fiscalía en torno a la investigación bautizada ‘Casa Blanca’, fue cómo estas siete personas contrataron a través del Concejo de Barranquilla para mantener activos laboralmente a los integrantes de la organización, recibiendo un sueldo sacado del erario. Es decir, según palabras de los investigadores, “utilizaron recursos del Estado para mantener vigente su empresa criminal”.
