La senadora Paloma Valencia, a través de las redes sociales, expresó su preocupación por la presentación del proyecto de jurisdicción agraria por parte del gobierno Petro.
Según la congresista, esta iniciativa legalizaría la invasión de tierras, reviviría la expropiación express que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional y abriría las puertas a una persecución contra los propietarios del campo.
Dentro de las inquietudes, la senadora del Centro Democrático destacó como peligrosos los siguientes puntos principales:
Legalización de la Invasión de Tierras con el principio de permanencia agraria, solo bastaría con que los invasores realicen alguna actividad productiva en el predio, como una pequeña cosecha, para que nadie, ni siquiera los jueces, pueda desalojarlos. Este mecanismo otorgaría protección legal a los invasores y debilitaría significativamente los derechos de los propietarios legítimos.
Además, se reviven la expropiación express: Esta medida ya había sido tumbada por la Corte Constitucional en el Plan de Desarrollo. La propuesta sugiere que los procesos agrarios sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante actos administrativos, eliminando así la intervención de los jueces en estos casos.
De igual manera, revive el principio de protección al más débil, a pesar de que la Corte Suprema solicitó la eliminación del principio de protección al más débil en el campo, el Gobierno insiste en incorporarlo. Esta medida plantea una cuestión fundamental: ¿quién es realmente el débil? ¿El que invade o el que es invadido? ¿El que cosecha o el que vende?
Otra de las inquietudes de la senadora Polama, es la persecución a los propietarios del campo. Se prohíbe el fraccionamiento antieconómico y la concentración improductiva del suelo, pero no se describen las características de estos procesos deja todo a discrecionalidad de los jueces, lo que podría desencadenar una persecución masiva a los propietarios para expropiar sus tierras.
Se produciría un impacto en el sector minero-energético, con lo que se afectaría al sector agrícola, sino también al minero-energético.
El Gobierno propone que todas las controversias comerciales relacionadas con la producción de alimentos, productos agrarios, y recursos naturales no renovables, como carbón y petróleo, sean resueltas en esta jurisdicción agraria, pese a que ya existen jueces especializados para ello. Esto plantea serias dudas sobre el futuro del sector minero-energético en el país.
Edición: Jorge Martínez Movilla.