Un crimen atroz estremece al país. Ocho líderes sociales y religiosos fueron asesinados brutalmente en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las víctimas fueron obligadas a cavar su propia fosa antes de ser ejecutadas por integrantes del frente ‘Armando Ríos’ del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.
“Eran familias campesinas que buscaban dónde hacer una nueva vida. Entre ellos había líderes comunitarios, un pastor evangélico y personas de origen araucano”, explicó Raúl González, fiscal delegado para la criminalidad organizada, quien calificó el hecho como una masacre premeditada, producto de la “paranoia criminal” de los victimarios.
Según la investigación, los asesinos sospechaban que estas personas estarían promoviendo la creación de una célula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que no hay ningún sustento probatorio para esa acusación. El origen araucano de algunas víctimas habría sido el único “indicio” para los criminales.
La indagación detalla que el 4 de abril de 2025, dos de las víctimas fueron citadas por el grupo armado y, tres días después, las seis restantes también fueron llamadas para ser “interrogadas”. Posteriormente, todas fueron conducidas a un predio abandonado, donde fueron asesinadas y enterradas en una fosa común.
La operación de búsqueda se activó tras denuncias de familiares sobre la desaparición de las ocho personas en el caserío Agua Bonita Media. Gracias a la coordinación con la Fuerza de Despliegue Rápido #1 del Ejército Nacional, las autoridades lograron recuperar los cuerpos semanas después.
Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.
Uno de los líderes asesinados era un pastor evangélico que predicaba en espacios comunitarios. “No era una gran iglesia, pero tenía un liderazgo fuerte entre los suyos”, afirmó el fiscal González.
La Fiscalía señaló que la orden para cometer este crimen habría salido directamente del entorno cercano de alias ‘Iván Mordisco’, cabecilla del EMC. Se trató, según el ente acusador, de una estrategia violenta para evitar cualquier posible influencia del ELN en la región.
Frente a esta tragedia, la Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL) emitió un comunicado expresando su repudio por el asesinato de los líderes y solicitó al Estado celeridad y compromiso para esclarecer los hechos y brindar garantías de protección a las comunidades.
“Vivimos en unos niveles de violencia que nos exigen mayor responsabilidad como Estado frente a la protección de nuestros ciudadanos. Desafortunadamente, siempre hay una falla. Estas situaciones no deberían ocurrir”, lamentó el fiscal González.
La masacre ha generado indignación nacional y se suma a la larga lista de crímenes contra líderes sociales que siguen sin freno en las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. Las autoridades continúan las investigaciones para judicializar a los responsables de esta barbarie.
Redacción: judiciales
