La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal a Electricaribe por el orden de 187.227 millones por indebida aplicación de los recursos con destinación específica del Fondo de Energía Social, que pudieron haber amortiguado el valor a pagar en la factura de energía de usuarios en estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe, entre 2011 y 2016.
También se le imputó responsabilidad fiscal por $46.245 millones, a Yamile Sarmiento Estrada, en su calidad de revisora fiscal de Electricaribe, quien avaló la aplicación incorrecta de dichos recursos.
Los recursos del Fondo, FOES, son de destinación específica, por ello debieron ser aplicados al consumo de cada usuario y no al consumo distribuido comunitario, como hizo Electricaribe. Al hacerlo así, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios y favoreció los ingresos de la empresa.