En una operación internacional coordinada entre la Oficina Central Nacional INTERPOL Colombia y autoridades de los Estados Unidos, fueron capturados y extraditados Flor María Prent y su hijo Renzo Rangel, ambos ciudadanos colombianos requeridos por la justicia nacional por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.
La pareja de familiares, quienes llevaban más de una década residiendo en territorio estadounidense (él con doble nacionalidad y casi 30 años de permanencia, ella con residencia legal por más de 16 años) eran prófugos de las autoridades colombianas y figuraban en la lista de notificación roja de INTERPOL.
De acuerdo con la investigación, desde el año 2006, Prent y Rangel hacían parte de una estructura delincuencial transnacional dedicada a la trata de personas, cuya operación tenía como ruta Colombia-Hong Kong.
Flor María era la encargada de reclutar a las víctimas en el país y gestionar su salida hacia Asia, donde eran recibidas por su hijo, quien las obligaba a ejercer la prostitución en condiciones de esclavitud y total control.
Una vez en Hong Kong, las mujeres eran despojadas de sus documentos y tiquetes de regreso, quedando atrapadas en un sistema de explotación bajo amenazas constantes y vigilancia extrema. Según las autoridades, la organización criminal obtenía ganancias ilícitas de hasta 102 millones de pesos colombianos por cada víctima.
La operación de captura fue ejecutada en la ciudad de Miami, en articulación con la agencia US Marshals, quienes hicieron efectiva la entrega formal de los extraditados a las autoridades colombianas. Una vez en el país, fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla.
Por los delitos cometidos, Renzo Rangel deberá cumplir una condena de 26 años y 4 meses, mientras que Flor María Prent fue sentenciada a 24 años y 10 meses de prisión. Ambos deberán además pagar una multa correspondiente a 1.083 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Este resultado, según la Policía Nacional, representa un nuevo avance en la lucha frontal contra las redes de crimen transnacional y un paso firme en la defensa de los derechos de las víctimas de explotación sexual.
“La cooperación internacional es clave para enfrentar este tipo de delitos que no conocen fronteras. Seguiremos trabajando por la justicia y por la dignidad de quienes han sido vulnerados”, señaló el general Edwin Urrego, comandante de la institución en un comunicado oficial.
Redacción: judiciales