El Ministerio Público mantiene bajo minuciosa revisión el millonario convenio firmado entre Air-e actualmente bajo intervención estatal y la corporación Asian China National Machinery Exports and Imports (CMC). La alianza busca ejecutar inversiones de hasta $1 billón destinadas a optimizar y modernizar la red de distribución de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Según los datos que evalúa el ente de control, la transacción contempla un horizonte de ejecución de 60 meses, una tasa de interés preferencial del 5,2 % efectivo anual y un periodo de gracia inicial de 12 meses aplicable tras el inicio de operaciones de la infraestructura construida.
La intervención de la Procuraduría apunta a esclarecer las garantías financieras, contables y legales con las que se blindó esta negociación. Dado el estado actual de toma de posesión en el que se encuentra la electrificadora, la autoridad investiga si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios avaló formalmente la firma del contrato o si la normativa exigía su visto bueno previo por parte del agente interventor.
El análisis financiero ponderará el peso de esta deuda sobre la liquidez, el flujo de caja y la capacidad real de pago de la compañía, exigiendo la entrega de estudios técnicos, matrices de riesgo, garantías colaterales y autorizaciones regulatorias en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Aunque la Procuraduría recalcó que no desconoce la urgencia de modernizar la red eléctrica del Caribe, puntualizó que la magnitud del endeudamiento a cinco años no debe arriesgar la estabilidad operativa de la compañía ni la calidad del suministro para más de 1,3 millones de clientes en la región.
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