Los procesos judiciales por el asesinato de las hermanas Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, continúan avanzando mientras las autoridades y las partes involucradas presentan sus argumentos ante la justicia por uno de los casos que más ha conmocionado a la ciudadanía en el departamento del Atlántico.
Las adolescentes fueron halladas sin vida y enterradas en una zona enmontada del municipio de Malambo, hecho que generó indignación y un amplio rechazo en la comunidad.
En desarrollo de las audiencias, la representante de las víctimas solicitó ante un juez de control de garantías que se imponga medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan David Taboada, uno de los señalados dentro de la investigación.
La petición se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación le formulara imputación por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas, en calidad de coautor.
Durante la diligencia judicial, la representante de las víctimas respaldó la solicitud del ente acusador y sostuvo que dentro del proceso existe una inferencia razonable de autoría o participación por parte del imputado.
Asimismo, argumentó que el señalado representaría un peligro para la sociedad y que existe el riesgo de que no comparezca ante la justicia si no se le impone una medida restrictiva de la libertad.
Según se expuso durante la audiencia, los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía permitirían sustentar la presunta participación del procesado en los hechos que terminaron con la muerte de las dos adolescentes.
Defensa de “El Mono” pide medida sin cárcel
Paralelamente, en el mismo proceso judicial, la defensa del adolescente de 17 añosvinculado a la investigación solicitó que al joven, conocido con el alias de “El Mono”, se le aplique un modelo de justicia restaurativa, lo que implicaría una medida no privativa de la libertad.
El abogado Rogelio Roldán, defensor del menor, explicó que dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes la privación de la libertad debe aplicarse únicamente como una medida excepcional, tal como lo establece la Ley 1098 de 2006.
El jurista también denunció presuntas irregularidades en el desarrollo de algunas audiencias y sostuvo que el proceso debe ajustarse a los principios que rigen el juzgamiento de menores de edad en Colombia.
Según indicó, algunos de los materiales probatorios incluidos en el expediente, entre ellos un video y el interrogatorio rendido por otro menor procesado en el mismo caso, no ubicarían al adolescente en el lugar de los hechos.
Asimismo, cuestionó la forma en que se habrían realizado ciertas entrevistas dentro de la investigación y la manera en que se le atribuye el alias mencionado en el proceso judicial.
Roldán también señaló que el joven se declaró inocente durante la imputación de cargos, por lo que insistió en que debe ser considerado como tal mientras no exista una sentencia judicial en firme que determine su responsabilidad.
El defensor agregó que en este tipo de procesos deben prevalecer principios como la protección integral, el interés superior del menor y el tratamiento diferencial, pilares fundamentales cuando se trata de adolescentes vinculados a investigaciones penales.
La audiencia fue reprogramada para el próximo 17 de marzo, fecha en la que el despacho judicial deberá pronunciarse sobre la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía y los argumentos expuestos por la defensa.
Redacción: Alejandro Sandoval
Foto-edición: Alejandro Sandoval