El costo del kilovatio hora de energía eléctrica para los usuarios atendidos por la empresa intervenida Air-e alcanzará los $936 en la facturación correspondiente al mes de noviembre. La tarifa experimentará un incremento de $63 respecto al cobro anterior, cuando se situaba en $873, lo que representa un alza aproximada del 7 % en solo un mes. El reajuste vuelve a encender las alarmas entre los 1,3 millones de suscriptores en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira por el impacto directo en la economía del hogar.
La medida ha generado fuerte rechazo entre las organizaciones civiles y de veeduría ciudadana. Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, calificó la subida como un hecho de extrema gravedad, enfatizando que un incremento del 7 % mensual supera la inflación acumulada de todo un año. Según el directivo, este escenario contradice los compromisos de reducción tarifaria y se suma a las penalizaciones de la CREG por consumo excesivo, una disposición altamente cuestionada en la Costa Caribe debido a sus condiciones climáticas.
Desde la Liga de Usuarios se advirtió además que el alza desconoce las decisiones judiciales recientes encaminadas a desmontar el régimen tarifario especial en la región. Alarcón recordó que pronunciamientos del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Atlántico ordenaron suspender cobros como la sobretasa a la comercialización, un componente que representa más de $50 por kilovatio hora. En ese sentido, el gremio hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que aplique los fallos que buscan aliviar la carga económica sobre las familias del Caribe.
Entre los factores determinantes para esta variación tarifaria se destaca la elevada exposición de Air-e al mercado de energía en bolsa, donde la compañía adquiere más del 50 % de la electricidad que distribuye a precios altamente volátiles. Esta vulnerabilidad estructural encarece los costos de operación cuando cae la generación hídrica, reviviendo el temor de los usuarios a que la tarifa retorne a los niveles críticos de principios de 2024, cuando el costo del kilovatio superó la barrera de los $1.200.
Finalmente, los voceros del sector advirtieron sobre los efectos colaterales que este ajuste tarifario podría causar en los indicadores de cartera de la compañía de servicios públicos. Un encarecimiento desmedido en la factura mensual amenaza con deteriorar la capacidad de pago de los estratos más vulnerables, poniendo en riesgo el índice de recaudo de la comercializadora actualmente estimado en un 73 % y profundizando la crisis operativa y financiera que atraviesa la prestación del servicio en el norte del país.
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