Las intervenciones en los centros carcelarios y los operativos contra estructuras criminales estarían entre los factores que explican la reducción de los homicidios registrada durante septiembre en Barranquilla, según el balance entregado por las autoridades distritales.
El coronel retirado Nicolás Martín, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, aseguró que las medidas adoptadas después del Consejo de Seguridad realizado con el Gobierno nacional permitieron afectar el liderazgo de estructuras delincuenciales que, según las autoridades, continuaban coordinando actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios.
Martín sostuvo que el control al interior de las cárceles y las requisas constantes fueron determinantes en el comportamiento de las cifras de homicidio durante septiembre. Según indicó, la reducción del delito durante ese periodo se ubicó entre el 50 % y el 63 %, dependiendo del indicador utilizado.
Para el funcionario, uno de los principales retos ahora es evitar que las estructuras criminales recuperen capacidad de acción y mantener la tendencia registrada durante el último mes.
En ese propósito, destacó la necesidad de mantener una coordinación permanente entre la Alcaldía de Barranquilla, el Gobierno nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Metropolitana.
Uno de los principales focos estará puesto en la extorsión, delito que Martín calificó como la prioridad de la estrategia de seguridad para la ciudad.
“La extorsión es el delito número uno a priorizar. No trabajamos aislados; los municipios vecinos son retaguardias del crimen y actuaremos articulados”, afirmó.
El jefe de Seguridad también resaltó la llegada de la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez a la comandancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla, con quien, según explicó, se coordinarán acciones para enfrentar principalmente la extorsión, el homicidio y el hurto.
La estrategia, según Martín, no se limitará a Barranquilla. El funcionario insistió en que la dinámica delincuencial del área metropolitana obliga a trabajar de manera conjunta con las administraciones municipales y las autoridades de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, entre otros territorios.
La preocupación radica en que organizaciones criminales pueden trasladar sus actividades de un municipio a otro cuando aumenta la presión de las autoridades en determinadas zonas.
Martín, quien cuenta con más de 27 años de experiencia en la Policía Nacional, aseguró que su gestión al frente de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana estará enfocada precisamente en fortalecer esa coordinación y evitar que las estructuras delincuenciales encuentren espacios para reorganizarse.
Mientras las autoridades destacan el comportamiento de los homicidios durante septiembre, el llamado ahora está puesto en mantener esa tendencia y concentrar esfuerzos en la extorsión, uno de los delitos que más afecta a comerciantes, transportadores y otros sectores de la economía local.
El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga la confianza en las instituciones y entregue información que permita avanzar en las investigaciones contra las estructuras responsables de estos delitos.
Redacción: judiciales