Por directriz del presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue designado para encabezar un posible proceso de negociación con las estructuras delincuenciales lideradas por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, dos de los principales cabecillas de bandas criminales que operan en la región Caribe.
Así lo confirmó Benedetti tras una reunión realizada este lunes en la emblemática Casa Catinchi de Barranquilla, con el secretario de Seguridad del Distrito, Yesid Turbay, y el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque. El encuentro tuvo como objetivo dar impulso a esta iniciativa gubernamental que busca desescalar la violencia y desactivar las redes del crimen organizado en la capital del Atlántico y municipios aledaños.
Durante la sesión de trabajo, Benedetti anunció que la Dirección Nacional de Inteligencia será la encargada de adelantar un proceso de caracterización de estas estructuras criminales y de sostener encuentros con sus máximos jefes, con el propósito de conocer sus condiciones y expectativas frente a un eventual proceso de entrega de armas, cese de homicidios y eliminación de extorsiones.
Estos acercamientos se harían de forma individual con cada uno de los cabecillas, en el marco de una estrategia que también contempla la creación de un comité de alto nivel. Este organismo estará integrado por los ministros de Defensa, Pedro Sánchez, y de Justicia, Eduardo Montealegre, quienes trabajarán junto a Benedetti en la formulación de políticas y planes que respalden el proceso de pacificación.
Por su parte, las administraciones distrital y departamental se comprometieron a implementar los programas y acciones necesarias para viabilizar los diálogos. Los funcionarios coincidieron en la necesidad de no repetir los errores cometidos en procesos de paz pasados que, en muchos casos, han terminado con la reorganización y rearme de los grupos criminales.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, reveló que, entre ambas estructuras delictivas, ligadas a múltiples delitos como homicidios, tráfico de armas, drogas y extorsión, operan más de 2.000 integrantes, entre adultos, adolescentes y mujeres, muchos de los cuales son instrumentalizados para actividades ilícitas. Según investigaciones preliminares, estos jóvenes, conocidos como “cachorros”, reciben pagos mensuales por ejecutar órdenes criminales en zonas bajo control de estos grupos.
La propuesta del gobierno Petro representa un giro en la estrategia de seguridad del Estado, al abrir la puerta al diálogo con estructuras delincuenciales urbanas, en un intento por frenar la violencia que afecta a miles de ciudadanos en la región Caribe. La iniciativa, no obstante, despierta tanto expectativa como preocupación entre sectores sociales, que piden garantías, transparencia y resultados efectivos si el proceso avanza.
Redacción: judiciales
