El mes de noviembre cerró con un balance que, aunque muestra avances en materia de seguridad en el Atlántico, también revela desafíos que siguen golpeando a comunidades urbanas y rurales. Según el Sistema Civil de Alertas Tempranas, durante este lapso de tiempo se registraron 66 homicidios en el departamento, cifra inferior a los 89 casos contabilizados en el mismo periodo de 2024. La reducción de 23 víctimas es atribuida tanto a acciones de prevención en zonas críticas como al cumplimiento parcial de compromisos adquiridos por estructuras criminales que hacen parte de los diálogos de paz total.
A través de este análisis los expertos evidenciaron un patrón que se mantiene, pues en 52 de los 66 hechos, los agresores actuaron bajo el esquema tradicional de conductor y parrillero, reafirmando el control que estas estructuras ejercen en sectores vulnerables del territorio.
En el área metropolitana de Barranquilla, donde ocurrieron 56 de los 66 homicidios, la situación continúa siendo crítica. La capital del Atlántico registró 34 muertes violentas. La Localidad Suroccidente acumuló 14 casos; Suroriente, 8; Metropolitana, 7; Riomar, 4; y Norte-Centro Histórico, un solo caso, correspondiente al funcionario de la DIAN que murió en noviembre tras haber sido herido en un atentado ocurrido en abril.
Los barrios El Bosque, Ciudadela 20 de Julio, 7 de Abril, Mequejo, Loma Roja, Carrizal, Sierrita y Villas de Cordialidad permanecen como puntos rojos en el mapa de violencia, debido a la presencia de una subestructura criminal que busca retomar el control territorial y las rentas ilegales mediante el uso sistemático de la fuerza.
En Soledad, las autoridades registraron 14 homicidios, con mayor concentración en Ciudadela Metropolitana, Las Colonias, Los Campanos, donde fue asesinado un líder de derechos humanos, La Alianza y Villas del Rey. En los demás municipios del área metropolitana, Galapa reportó dos víctimas y Malambo un caso, aunque este último mostró reducción en la violencia pese a varios ataques sicariales sin desenlace fatal.
En el resto del departamento, Baranoa registró cinco homicidios; Sabanalarga cuatro; y Palmar de Varela, tres casos correspondientes a víctimas que habrían sido sacadas por hombres armados de viviendas en el barrio Las Flores. Sabanagrande tuvo dos casos y Juan de Acosta uno, este último en el marco de una presunta riña.
El mes también estuvo marcado por dos masacres. La primera ocurrió en Villas de Cordialidad, donde tres personas murieron y dos mujeres quedaron heridas durante un enfrentamiento entre dos familias dedicadas al microtráfico, conflicto que se remonta a su antiguo asentamiento en el barrio El Bosque. La segunda masacre se registró en Palmar de Varela, con víctimas procedentes del barrio Las Flores. Además, otras 11 personas quedaron heridas en ataques sicariales a lo largo del mes.
Uno de los datos más alarmantes del informe es la alta proporción de jóvenes entre las víctimas. De los 66 asesinados, 24 tenían entre 7 y 28 años, lo que evidencia un recrudecimiento de la instrumentalización, reclutamiento y eliminación de adolescentes y jóvenes por parte de las estructuras criminales.
La violencia de género también dejó un saldo doloroso. En noviembre, cuatro mujeres fueron asesinadas en los barrios La Inmaculada, Portal de las Moras, Villas de Cordialidad y Los Laureles. Con estos casos, el 2025 ya suma 52 mujeres víctimas de homicidio, cifras que aumentan la preocupación ante la impunidad que rodea múltiples procesos.
A esto se suma la desaparición forzada de una madre y su hija en Loma Roja, caso que permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación y mantiene en alerta a organizaciones sociales del sector.
Este panorama coincide con el inicio de las mesas de trabajo para los diálogos de paz urbana, impulsadas desde noviembre por la Alta Consejería de Paz y articuladas con autoridades locales. Se espera que continúen en diciembre, en medio de expectativas ciudadanas sobre posibles avances concretos en los territorios más golpeados por la violencia.
El transcurso de este mes también estuvo marcado por la llegada de nuevos altos mandos en los organismos de seguridad y justicia. El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez asumió como comandante de la Mebar; el coronel Eddy Sánchez Sandoval, como comandante del Departamento; y un nuevo director de Fiscalías tomó posesión en el Atlántico. Todos han anunciado estrategias para enfrentar el sicariato, la extorsión y los delitos de alto impacto, insistiendo en que el apoyo ciudadano será clave para recuperar la tranquilidad en los territorios.
Redacción: Alejandro Sandoval
Foto: Alejandro Sandoval