Tres días de arresto y una multa económica deberá cumplir la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, luego de que un juez la declarara en desacato por no cumplir una orden judicial relacionada con la protección de varias familias en condición vulnerable.
La decisión fue tomada por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Soledad, que determinó que la mandataria no acató un fallo de tutela emitido el 9 de septiembre de 2025. Por esta razón, ordenó que sea trasladada a una estación de Policía del municipio y que pague una multa equivalente a cuatro salarios mínimos, es decir, más de 7 millones de pesos.
El caso se origina en una acción de tutela presentada por María Cecilia Ospina De Camacho, en la que se solicitaba la protección de derechos fundamentales. En ese proceso, el juez ordenó a la Alcaldía tomar medidas concretas para proteger a 77 personas que habían sido identificadas como población vulnerable en un predio conocido como “Finca Los Ángeles”.
Entre las medidas que debía cumplir la administración municipal estaban definir y ejecutar soluciones como albergues temporales o subsidios de arriendo para estas familias, antes de que se llevara a cabo un eventual desalojo. Además, se estableció un plazo de 10 días para dar cumplimiento a esta orden.
Aunque la Alcaldía impugnó inicialmente la decisión, esta fue confirmada posteriormente por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, dejando en firme la obligación de atender a las personas afectadas. Sin embargo, según el juzgado, la orden no se cumplió dentro del tiempo establecido.
Ante esta situación, se inició un incidente de desacato, que es un proceso que busca verificar si una autoridad está incumpliendo una orden judicial. Durante este trámite, el despacho señaló que la alcaldesa fue debidamente notificada, incluso a través de correo electrónico, y que tuvo la oportunidad de responder.
A pesar de esto, el juez concluyó que la situación que dio origen a la tutela no había sido resuelta y que los derechos protegidos seguían siendo vulnerados. Por ello, decidió imponer las sanciones correspondientes.
Con esta decisión, el juzgado busca garantizar el cumplimiento de sus órdenes y la protección efectiva de los derechos de las personas involucradas en el caso. Entretanto, se espera que la mandataria adopte las medidas necesarias para atender lo dispuesto por la justicia.