Las alarmas por el aumento de la violencia en el Atlántico volvieron a encenderse. Las 23 organizaciones defensoras de derechos humanos que integran el Proceso Social de Garantías del departamento advirtieron sobre la gravedad de los hechos violentos registrados durante los últimos meses y pidieron respuestas más contundentes para frenar la criminalidad.
Según el balance entregado por estas organizaciones, entre el 14 de febrero y el 20 de agosto de 2026 se han registrado ocho masacres en el Atlántico, con un saldo de 27 personas asesinadas. Tres de estos hechos ocurrieron en Barranquilla, tres en Soledad, uno en Ponedera y otro en Sabanalarga.
Para el colectivo, la repetición de estos ataques demuestra que no se trata de hechos aislados y evidencia un escenario de riesgo que debe ser atendido de manera preventiva por las autoridades.
Las organizaciones señalaron que, de acuerdo con las hipótesis que han planteado los investigadores, varios de estos hechos estarían relacionados con disputas entre estructuras criminales por el control territorial y de rentas ilegales. Sin embargo, insistieron en que, más allá del móvil particular de cada caso, la frecuencia de las masacres requiere acciones dirigidas al desmantelamiento de las organizaciones responsables.
Las Nieves, el caso más reciente
La masacre más reciente ocurrió la noche del pasado 20 de agosto en un parque del barrio Las Nieves, en el suroriente de Barranquilla. En el ataque fueron asesinados Erick Eduardo Cervantes Buitrago, Daniel Sebastián Borrero García y Daddys David Barrios Ospino.
El caso también generó cuestionamientos por el procedimiento adelantado inicialmente por las autoridades, luego de que dos adolescentes fueran detenidos como presuntos responsables del triple homicidio y posteriormente quedaran en libertad.
Ante este panorama, el Proceso Social de Garantías pidió que las investigaciones permitan establecer con precisión quiénes participaron en los crímenes y que se eviten capturas sin suficiente sustento.
Las organizaciones también reclamaron una mayor presencia institucional en los sectores considerados de mayor riesgo y la puesta en marcha de medidas de prevención que permitan anticiparse a nuevos hechos violentos, en lugar de limitar la respuesta a las actuaciones posteriores a los asesinatos.
El llamado también está dirigido a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, a quienes solicitaron adoptar medidas extraordinarias para proteger a las comunidades y garantizar resultados en las investigaciones.
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, detrás de las cifras hay familias y comunidades afectadas por una violencia que, advierten, no puede terminar normalizándose en el departamento.
“El Atlántico no puede acostumbrarse a la violencia ni normalizar las masacres como parte de la vida cotidiana”, señalaron, al insistir en que la respuesta debe combinar prevención, protección, coordinación institucional y justicia.
Redacción: Alejandro Sandoval
Foto: Noticias Coopercom