La Policía Nacional sigue revelando información sobre el operativo desarrollado en distintas zonas del caribe colombiano, específicamente en Barranquilla y Soledad.
En estas diligencias se realizó la captura de 17 personas, entre estas, funcionarios públicos, inspectores de policía, abogados y otros servidores de entidades municipales y departamentales, los cuales habrían auspiciado el robo de tierras que tenían como destino la construcción de infraestructuras que beneficiarían a miles de familias en el Atlántico.
En la tarde de ayer, se conoció por parte del presidente Gustavo Petro que estas personas sostendrían nexos con distintas organizaciones criminales para apoderarse de terrenos y posteriormente venderlos, perpetrando un círculo de corrupción para su propio beneficio.
A raíz de este suceso, las reacciones de la autoridad no se hicieron esperar y por medio de la Policía Metropolitana de Barranquilla se confirmó la veracidad de los resultados obtenidos en este importante operativo en contra del llamado ‘volteo de tierras’.
“Los procesados enfrentan investigaciones por delitos como concierto para delinquir con el fin de cometer delitos contra la administración pública, prevaricato, invasión de tierras, peculado y falsedad documental”, indicó la institución sobre el hallazgo realizado por uniformados adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.
Asimismo, el ente judicial llevó a cabo una rueda de prensa en sus instalaciones, en la cual se brindaron detalles sobre las diligencias realizadas en Barranquilla, Soledad y Cereté.
“Las indagaciones se adelantaron desde 4 líneas investigativas, a partir de la identificación de su modus operandi, mediante la omisión de la revisión y estudio jurídico de diferentes documentos, los cuales eran presentados para dar apariencia de legalidad y así posesionarse de terrenos que posteriormente eran comercializados mediante engaño a terceras personas”, señaló inicialmente el teniente coronel Jorge Mora, jefe del grupo anticorrupción de la Policía Nacional.
Por otra parte, en medio de las intervenciones también se indicaron los roles que desempeñaban los servidores públicos en la consecución de estos delitos.
Principalmente, los registradores de instrumentos públicos permitían el registro de predios y otorgaban matrículas inmobiliarias, así como el desbloqueo de resoluciones de predios de dudosa posesión.
En este mismo sentido, los notarios permitían la protolización de escrituras públicas para la posterior venta de predios sin las revisiones previas de pago de impuestos y/o verificación de registros catastrales o matrículas inmobiliarias.
Cabe resaltar que la gravedad de estos escenarios se enfatiza en que el uso de estos estaba destinado para la construcción de megacolegios, espacios para el desarrollo del urbanismo sostenible y otros predios más que representaron una afectación para la educación de centenares de niños y jóvenes que iban a desarrollar sus caminos académicos en estos espacios de los que se apoderaron ilegalmente los señalados.
El alto mando oficial señaló también que dentro de los terrenos ocupados se contaba con una extensión de tierra de 277.000 metros cuadrados, los cuales están avaluados en aproximadamente $50 millones de pesos.
Los acusados ahora se encuentran enfrentando una serie de audiencias para la legalización de sus capturas por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.
En medio de estas intervenciones, el coronel Mora también señaló que “constructoras se vieran afectadas por los intereses particulares de la red criminal para establecer proyectos, representando pérdidas millonarias para estas entidades y afectando a cerca de 1.800 familias en Barranquilla y Soledad”.
Es de relevancia mencionar que el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Región de Policía número ocho, señaló también que, en medio de estos acontecimientos ilícitos, varios grupos al margen de la ley habrían ejecutado asesinatos a ciudadanos que se oponían a la entrega de sus propiedades para que estas organizaciones las utilizaran en beneficio del proceso corruptivo por el que hoy enfrentan cargos estos servidores públicos.
Así pues, la policía confirmó que las investigaciones seguirán adelantándose en su segunda fase, en la que se espera dar con la identificación exacta de los grupos delictivos que poseen nexos con el personal de las instituciones municipales, distritales y departamentales en una operación que lleva más de 18 meses en curso y que ya ha brindado sus primeros resultados en la búsqueda, por parte de las autoridades, de brindar un parte de tranquilidad a todos los afectados por estos hechos.
Redacción: judiciales
