Durante su visita a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, C.R.A., la Procuraduría General de la Nación revisará los expedientes correspondientes al plan de trabajo del proyecto Ciudad Mallorquín, el cual ha recibido bastantes llamados de atención por parte de la ciudadanía.
El ministerio público se acerca al Atlántico a través de la delegada para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios a estudiar todas las denuncias por los posibles impactos sociales y ambientales que representa el proyecto de ciudad Mallorquín en Barranquilla y Puerto Colombia, una vez esté al 100% de su capacidad ocupacional.
Cabe resaltar que Grupo Argos, empresa encargada del proyecto de ciudad Mallorquín reafirma tener todos los permisos correspondientes de las entidades ambientales para llevar a cabo este proyecto, asimismo afirman que ya existen planes de movilidad para no replicar la mala movilidad que actualmente se presenta Alameda del Río y por la cual se debió construir un intercambiador vial.
Por otro lado, mucha comunidad aledaña al proyecto asegura que el área de construcción estaría dañando al medio ambiente. Según estudios realizados por los ciudadanos, afirman que a largo plazo el impacto ambiental será gravísimo para Barranquilla y Puerto Colombia. Estos solicitan detener la construcción de más torres, para preservar el ambiente.
Ahora por ambas versiones, la del grupo encargado y la de las denuncias, la procuraduría se encargará de verificar que los trámites y permisos de aprovechamiento forestal (Teniendo en cuenta que algunos estudios aseguran que el terreno de ciudad Mallorquín es de bosque seco natural, anteriormente desmentido por Grupo Argos) se encuentren en regla y pueda seguir dándole la viabilidad requerida la proyecto.
La visita se da como medida preventiva, en caso de hallar alguna irregularidad las medidas por las autoridades correspondientes serán de inmediato teniendo en cuenta la complejidad del terreno que se está usando en el proyecto y como este podría tener un alto grado de cuidado por las autoridades ambientales nacionales. De momento, la C.R.A. ha actuado conforme a la ley, reconociendo la viabilidad del proyecto, pero que atenderán las inquietudes presentadas ante la Procuraduría General de la Nación.