Luego de que la Secretaría de Salud del municipio de Puerto Colombia tomara la decisión de clausurar las piscinas de la sede norte de la Universidad del Atlántico debido a “visibles” condiciones de insalubridad, la Procuraduría decidió mantener una vigilancia frente al tema y pidió información a la institución educativa sobre el estado de estas instalaciones.
En ese sentido, en una carta enviada al rector Rafael Castillo Pacheco, la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico pidió dar a conocer el estado en el que estaban las piscinas durante la visita de la Secretaría de Salud, los resultados de las muestras de laboratorio practicadas al agua, el registro fotográfico previo a su cierre y las certificaciones o actas internas sobre inspecciones, revisiones o mantenimientos realizados durante los últimos dos años.
Como se sabe, fue la misma comunidad educativa la que denunció las condiciones de insalubridad en las que se encontraban las piscinas. En su momento, durante la visita de la Secretaría de Salud se verificó, en primera instancia, que las condiciones observadas coincidían con lo reportado en las evidencias, por lo que se procedió a la toma de muestras de agua para su análisis.
Sin embargo, la funcionaria precisó que, más allá de los resultados de laboratorio, la evaluación inicial permitió determinar que las piscinas no cumplían con las condiciones necesarias para el uso público.
A esto se sumó la revisión de requisitos documentales y normativos exigidos para este tipo de escenarios, cuyo nivel de cumplimiento —según indicó— derivó en la decisión de cierre total.
Además de los resultados de las muestras de laboratorio, el Ministerio Público requirió identificación y soportes de capacitación y formación del personal responsable del mantenimiento y manejo de las piscinas, así como los protocolos internos adoptados para el control de contingencias.
Finalmente, el ente de control también dio cinco días de plazo para obtener respuesta sobre las quejas o reportes de afectaciones a la salud asociados a su uso, si las hubiere, las medidas adoptadas para proteger a la comunidad universitaria antes y después de la clausura, y la copia del plan de mejoramiento exigido por la autoridad sanitaria y su estado actual de su cumplimiento.
Fuente: Procuraduría General de la Nación