La Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico instó al Ministerio de Trabajo a diseñar e implementar protocolos institucionales definidos para prevenir y abordar el hostigamiento, la violencia verbal y el acoso sexual dentro de los conjuntos residenciales, centros comerciales y parques industriales. Silvia Padilla, representante del gremio, enfatizó que estas conductas hostiles se han invisibilizado de manera alarmante y afectan por igual a trabajadores de diversos sectores dentro de este régimen inmobiliario.
La líder gremial criticó duramente la fragilidad del sistema actual, señalando que en el país prima un entorno donde se revictimiza a quien denuncia mientras el agresor permanece desprotegido de sanciones ejemplares. Asimismo, advirtió sobre el severo impacto emocional de este problema, destacando que varias víctimas enfrentan cuadros complejos de ansiedad y depresión. La falta de garantías laborales e institucionales lleva a que muchas personas prefieran abandonar sus empleos y retirar los procesos formales antes que seguir expuestas a la represalia o al desgaste.
Para mitigar esta problemática, el marco regulatorio colombiano dio un paso clave con la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual exige erradicar la violencia y el acoso en el entorno laboral. Sin embargo, en el sector de la propiedad horizontal persiste un vacío operativo: la figura del administrador suele actuar como representante legal sin contar con las herramientas jurídicas o de talento humano para tramitar denuncias que involucran a copropietarios, personal de seguridad, aseo o contratistas externos.
Esta falta de articulación directa entre los comités de convivencia internos y las autoridades del trabajo deja desprotegidos a los empleados frente a abusos de poder cotidianos. La creación de una ruta oficial por parte del Ministerio no solo fijaría canales normativos de denuncia y medidas cautelares para el trabajador, sino que obligaría a las administraciones inmobiliarias a adoptar programas obligatorios de prevención, auditoría y sanciones efectivas dentro de sus reglamentos internos.
Foto: Alcaldía de Barranquilla