Barranquilla vive una nueva controversia judicial tras la decisión adoptada en el proceso contra Robinson Onnier Luque Bustillo, alias ‘El Chimu’, e Israel José Chirinos Padilla, alias ‘Chiche’, señalados de participar en el atentado armado contra el gerente de la sociedad portuaria Riverport, Michael Mulford, el pasado 7 de julio.
Los dos hombres fueron capturados el mismo día del ataque, en la calle 2A con carrera 42 del barrio Villanueva, mediante un operativo del CTI de la Fiscalía y el Ejército, en el que se les halló un fusil, un silenciador, municiones y una camiseta de uniforme con el logo de Riverport. Según las autoridades, habrían hecho parte del grupo que, usando chalecos de policía, emboscó la camioneta blindada en la que se movilizaba el ejecutivo en el sector de Bendición de Dios. Mulford salió ileso gracias a las medidas de seguridad del vehículo.
Imputación de cargos y sorpresiva medida
En audiencia celebrada el 12 de agosto, el Fiscal Décimo Especializado de Barranquilla, Cristian Arrieta Morales, imputó a los detenidos únicamente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cuya pena oscila entre 9 y 12 años de prisión.
Tanto ‘El Chimu’ como ‘Chiche’ aceptaron los cargos. Incluso, durante la diligencia, Luque Bustillo intentó negociar con el juez. “Admito los hechos si usted me concede una domiciliaria”, dijo, a lo que el togado le respondió que debía esperar la decisión de la Fiscalía.
El fiscal solicitó medida de aseguramiento en lugar de residencia, petición que fue acogida por el Juez 24 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Farid West Ávila, pese a que los señalados son ciudadanos venezolanos, lo que incrementa el riesgo de fuga.
Indignación de las víctimas
Lo que más llamó la atención de las víctimas del proceso fue la calificación jurídica del caso. Según su versión, los capturados actuaron en coparticipación criminal, utilizando armas de guerra en un intento de homicidio que claramente obedecía a un plan organizado. Por esta razón, el delito podría agravarse y duplicar las penas, escenario que, sin embargo, quedó descartado por la actuación del fiscal.
La medida de prisión domiciliaria también ha generado fuertes críticas, dado el prontuario de los implicados. Uno de ellos, alias ‘El Chimu’, ya había sido capturado en 2019 en flagrancia con 45 kilos de cocaína, pero en ese momento quedó en libertad.
Un fiscal en el ojo de la polémica
Este no es el primer caso que despierta cuestionamientos hacia el fiscal Cristian Arrieta Morales. Víctimas de otros procesos lo señalan por decisiones que, según ellos, terminan favoreciendo a los procesados.
Un ejemplo es el de Alfredo Salomón Calvano, quien resultó herido a bala en marzo de 2021 en su lavadero de carros, en la vía Las Flores–La Playa. En ese ataque murió su trabajador Milton de Jesús González Moreno. Aunque en primera instancia Luis Guillermo Luna Pérez fue condenado como autor del crimen, el fiscal Arrieta solicitó su absolución en segunda instancia, hecho que dejó nuevamente inconformes a los afectados.
Preocupación ciudadana
La decisión en el caso Riverport ha generado un fuerte malestar no solo entre las víctimas, sino también en sectores de la ciudad que consideran que estas actuaciones ponen en entredicho la lucha contra el crimen organizado en Barranquilla.
Mientras tanto, los dos capturados permanecerán en prisión domiciliaria, pese a los antecedentes y a la gravedad del atentado que pudo costarle la vida al gerente portuario.
Redacción: Alejandro Sandoval