Las autoridades siguen al frente de las investigaciones que permitan esclarecer los móviles del homicidio del patrullero adscrito a la seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla Víctor Julio Marín Londoño.
El hecho, que tuvo lugar en la carrera 47C con calle 27 del barrio San Isidro, ha generado gran consternación entre la comunidad, quienes han rechazado la consecución de este ataque a bala.
Las primeras hipótesis apuntan a un posible intento de hurto sufrido por Marín Londoño, quien se encontraba en esta zona visitando a uno de sus familiares y, al salir del inmueble, habría sido interceptado por desconocidos que pretendían extraerle sus pertenencias.
El uniformado presuntamente inició un forcejeo con los criminales, mismo que derivó con el ataque de uno de ellos y el cual fue el causante de la muerte por arma de fuego de Víctor en el acto.
Bañado en sangre y sin signos vitales, cuatro jóvenes aprovecharon la situación indefensa en la que se hallaba la víctima para requisarlo y robarle las pertenencias que aún poseía luego del hecho.
Este último acontecimiento alertó a la comunidad, quienes de inmediato llamaron a los cuadrantes cercanos para que atendieran la situación y capturaran a los individuos que extrajeron lo poco que le quedaba al hoy occiso y luego huyeron a uno de los inmuebles cercanos para ocultarse de las patrullas.
A raíz del hecho de sangre, el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, expresó que “los cuatro jóvenes capturados no son los responsables del homicidio, sin embargo, se les realizó el proceso judicial por el delito de hurto a servidor público”.
Por otra parte, el alto mando oficial indicó que desde la coordinación de la Alcaldía distrital y la Gobernación del Atlántico se estableció una recompensa de $50 millones por información que permita dar con el paradero de los responsables del asesinato de Víctor Julio Marín Londoño.
Por el momento, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía en las instalaciones de la URI, en donde se seguirá su proceso de judicialización.
Redacción: judiciales