La masacre ocurrida en la noche del pasado lunes 2 de junio en Puerto Colombia no solo ha conmocionado a la comunidad del municipio, sino que también puso en encrucijada a las autoridades, quienes han estructurado una serie de estrategias para esclarecer las causas exactas del suceso y fortalecer la seguridad en este territorio en el que por segunda vez se presentó un hecho de sangre de magnitudes alarmantes.
El hecho tuvo lugar en la finca o Eco House Villa de Ólvega, hasta donde llegaron los agresores y abrieron fuego indiscriminadamente contra los asistentes. Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Alfredo Vergara Julio, de 25 años; Ronald José Alarcón, de 19; y Maciel Karina Gómez, también de 25 años.
Según informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía, el ataque estaba dirigido contra Raúl Henao Farías, alias ‘Choco’, quien resultó herido y es señalado como presunto integrante del grupo delincuencial ‘Los Costeños’. De acuerdo con las primeras indagaciones, la orden del ataque habría sido dada por alias ‘El Turco’, también vinculado a dicha organización criminal.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta $10 millones a quien suministre información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables del crimen. “Necesitamos el apoyo de la comunidad para esclarecer este lamentable hecho y llevar ante la justicia a los culpables”, indicaron fuentes judiciales respecto al caso.
Tras la masacre, se llevó a cabo un consejo de seguridad encabezado por Saúl Leyva, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia. Allí se definieron medidas para reforzar la vigilancia en zonas rurales y prevenir nuevos hechos de violencia.
Por otra parte, este jueves se realizarán en un cementerio del sur de Barranquilla las honras fúnebres de Luis Alfredo Vergara Julio, una de las víctimas fatales del ataque. Familiares, amigos y allegados lo despedirán en medio de una profunda consternación por lo ocurrido.
Las autoridades continúan con las investigaciones mientras las víctimas reciben atención médica y psicológica, y la comunidad exige respuestas frente a este nuevo episodio de violencia en el Atlántico.
Redacción: judiciales