En medio de las tensiones administrativas y jurídicas que atraviesa la Universidad del Atlántico por los continuos cambios de rectoría, la Procuraduría General de la Nación puso bajo observación la situación del alma mater al pedir que la institución entregue información precisa sobre si se cumplió o no una sanción disciplinaria vigente contra Rafael Ángel Castillo Pacheco, quien fue nombrado recientemente como rector encargado.
Mediante un oficio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, se requirió a las directivas de la universidad que aclaren si se dio efectivamente cumplimiento a una suspensión de cuatro meses impuesta al ex rector y registrada desde el 11 de marzo de 2025 en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), lo que le otorga “plenos efectos jurídicos”.
En el documento, el ente nacional exige que se “precise la fecha exacta de inicio y finalización de la suspensión”. Además, señala que si la medida no se aplicó como corresponde, la Universidad del Atlántico debe “explicar los motivos que lo impidieron” y detallar las actuaciones adelantadas para garantizar su cumplimiento.
El Ministerio Público también solicitó a la universidad que entregue “copia de los actos administrativos y de las comunicaciones relacionadas con la aplicación de la medida disciplinaria”, como evidencia del trámite que se haya realizado.
El oficio fija un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción, para que la institución remita la información solicitada al despacho regional del Ministerio Público.Escrito por: Mateo Rueda Gómez
Fuente: Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico