Una creciente preocupación ha surgido en el país frente al proyecto de decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que busca regular la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.
La iniciativa ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, que advierten posibles vacíos en la responsabilidad de las plataformas tecnológicas.
La organización Red PaPaz alertó que el borrador del decreto se inclina por un modelo de autorregulación voluntaria por parte de las plataformas digitales, lo que, según expertos, podría limitar la capacidad del Estado para exigir medidas concretas de protección. Desde esta perspectiva, se advierte que la propuesta no establece obligaciones claras ni mecanismos de verificación que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad para menores de edad.
“El mundo entero está reaccionando frente a la evidencia contundente de que las plataformas se han lucrado enormemente al exponer a niñas, niños y adolescentes a múltiples riesgos, a la explotación, particularmente de su información y sus datos. Pero Colombia está decidiendo que el camino es confiar en que las empresas, ahora sí, protegen a niñas, niños y adolescentes sin verificación, sin auditoría, ni represalia alguna si incumplen. Este Decreto es una bofetada a la niñez, a las familias, a los colegios. Le importa más al Ministerio TIC los intereses particulares de las Big Tech, que el cuidado de la infancia y adolescencia, esto en plena crisis de salud mental y de situaciones de explotación sexual y de reclutamiento armado”, afirmó Carolina Piñeros Ospina, Directora Ejecutiva de Red PaPaz.
El debate cobra relevancia en medio de cifras preocupantes. De acuerdo con reportes del programa Te Protejo, en lo corrido de 2026 se han registrado más de 14.000 casos de violencias digitales contra menores, de los cuales cerca de la mitad corresponden a niños y niñas entre los 0 y 8 años. Además, la mayoría de las víctimas son mujeres y el abuso sexual en línea figura como una de las principales problemáticas.
Especialistas también han puesto el foco en el diseño de plataformas como Meta, TikTok y Google, señalando que sus algoritmos pueden incentivar el uso intensivo por parte de menores, lo que incrementa los riesgos asociados a su seguridad y salud mental.
El cuestionamiento al decreto también se centra en su posible contradicción con la Ley 2489, que establece la protección digital como una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas, las familias y la sociedad. Según las críticas, el nuevo enfoque trasladaría nuevamente la carga principal a los cuidadores, reduciendo el papel de las plataformas en la prevención de riesgos.
Mientras tanto, en otros países como Australia, Reino Unido y miembros de la Unión Europea, se han implementado regulaciones más estrictas que imponen obligaciones verificables a las empresas tecnológicas en la protección de menores en línea.
Ante este panorama, distintas voces han hecho un llamado al Gobierno nacional para revisar el contenido del decreto y abrir espacios de participación con expertos, familias y organizaciones sociales, con el fin de construir una normativa que responda de manera efectiva a los desafíos actuales del entorno digital.