El director de Asuntos de Gobierno y Relaciones Públicas de Sacyr Colombia, Carlos Rosado Zúñiga, durante el Encuentro Regional de Infraestructura, la atención sobre la necesidad de reglamentar la consulta previa en Colombia y establecer tiempos y procedimientos claros que permitan garantizar los derechos de las comunidades, al tiempo que se facilite la ejecución de proyectos de infraestructura.
Rosado recordó que la consulta previa es un derecho reconocido por la Constitución de 1991 y que busca garantizar la participación de las comunidades étnicas frente a proyectos o decisiones que puedan generar una afectación directa sobre sus territorios, cultura o formas de vida.
Sin embargo, señaló que, más de tres décadas después de su reconocimiento, el país todavía no cuenta con una regulación integral que establezca de manera unificada cómo deben desarrollarse estos procesos.
“El tema de las consultas previas es un derecho que está en la Constitución del 91 y esto desafortunadamente no tiene regulación 30 años después”, afirmó Rosado a www.noticiascoopercom.co
Para el directivo de Sacyr, la discusión no debe centrarse únicamente en agilizar los proyectos, sino también en garantizar que los beneficios derivados de los acuerdos lleguen efectivamente a las comunidades que puedan resultar afectadas.
“Es necesario garantizar que los recursos lleguen a lo que la comunidad más necesita, bien sea sus proyectos productivos o mejoras en las infraestructuras para estas comunidades que son tan pobres”, sostuvo.
Rosado explicó que uno de los principales retos está relacionado con los tiempos que pueden tomar estos procedimientos, situación que, según indicó, termina teniendo efectos sobre el desarrollo de obras de infraestructura.
“Esta regulación es fundamental para que esto pueda ejecutarse de manera más rápida. Las consultas previas sin ejecución tienen un ritmo muy lento y eso lo que hace es limitar o demorar la ejecución de los proyectos de infraestructura”, manifestó.
En ese mismo sentido, el directivo sostuvo que la falta de una regulación integral ha generado incertidumbre para las comunidades, el Estado y el sector productivo, y planteó que las reglas permitan armonizar la protección de los derechos colectivos con la ejecución de proyectos de infraestructura.
Frente a la posibilidad de que el Gobierno avance en una reglamentación, Rosado destacó la iniciativa del Ministerio del Interior.
“Bien el Ministerio del Interior, en buena hora, está en ese propósito de que eso se regule, tenga unos tiempos establecidos, así como se reguló la compra de predios”, concluyó.
Escrito por: Mateo Rueda Gómez