El presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas Medellín, manifestó que por los continuos cuestionamientos por los medios de comunicación y las declaraciones de implicados en el contrato de la venta de las acciones de la empresa de servicios públicos Triple A, la rueda de prensa es para aclarar que los procesos de enajenación son públicos. De acuerdo al artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, se actuó bajo el principio de transparencia.
Afirma Rojas Medellín que “el contrato fue establecido por la administración del expresidente Iván Duque. Igualmente, destaca que la entidad no hace parte de los procesos penales que tiene la empresa Triple A, por eso se dan las siguientes aclaraciones a quienes señalan que la pretensión de este Gobierno es devolverle los activos de la Triple A, a los españoles. Es algo injusto para esta entidad. No queremos saber de quién es la empresa y nuestra labor actualmente es administrarla como un bien público con la mayor transparencia”.
Precisa el funcionario que la entidad adelantó un estudio jurídico de los hechos y según la experticia que se requiere para la administración de una empresa de esta categoría se requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos para tomar las mejores decisiones.
Además, “el estudio de valorización a la empresa de servicios públicos adelantada por Superservicios se basó en los supuestos macroeconómicos del Banco de República, en un escenario conservador, arroja una valoración por $2,4 billones, donde la SAE administra el 82 por ciento de la empresa, se podría decir que administramos una propiedad valorada en $1,9 billones, este contrato se suscribió en algo cercano a los $500 mil millones y allí encontramos una primera preocupación en la transparencia del contrato”, anota Daniel Rojas.
En su relato el presidente de organismo señala que “se contrató a la empresa Deloitte para ejecutar la valoración que dio fruto al contrato, pero el ‘disclaimer’ que deja la valoración nos arroja serias dudad al respecto.
Ese sentido, explica el funcionario que “la superintendencia ha sugerido una suspensión temporal del contrato hasta que la Contraloría, que nos ha citado el 14 de enero a las partes para esclarecer el documento, no tenga una decisión en firme, y dado el caso como la SAE no puede suspender unilateralmente el contrato, nuestra decisión es la de abstenernos de ceder la participación accionaria hasta tanto no haya una declaración en firme de los órganos de control y eso es lo que estamos anunciando a la opinión pública”.
Explica Rojas Medellín, que como servidor público es mi deber evitar un presunto dolo al fisco nacional, y ese es mi único interés.
Por su parte el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, anunció que la entidad ha estado atenta en prevenir un presunto detrimento patrimonial al Estado, y explica que la SAE pidió hacer una valoración de la empresa Triple A, encontrándose unas presuntas violaciones al ordenamiento jurídico.
Explica el Superintendente de Servicios Públicos, “la ley establece el mecanismo de la venta temprana como un mecanismo excepcional y esto puede encerrar desconocimiento del principio de transparencia”.
De esta manera “no hay un riesgo inminente a la prestación del servicio, hemos observado que quien adquiere la SAE es Alumbrado Público, una empresa de economía mixta” que “de acuerdo a los estudios financieros no estaba en capacidad financiera para pagar la mitad del contrato”.
Finalmente, el presidente de la SAE, dice que “la valoración que hizo la empresa Deloitte con las salvedades del documento se acerca a los $700 mil u $800 mil millones”.
En la mesa estuvieron presente también Sebastián Caballero, vicepresidente jurídico de la SAE, el vicepresidente de sociedades, Jairo Bautista.
Escrito por Jorge Martínez Movilla.
Foto: Captura de Pantalla.
