Las amenazas de muerte contra comerciantes, intimidaciones a sus familiares y hasta el uso de videollamadas con supuestos cabecillas de organizaciones criminales hicieron parte de varios casos de extorsión que terminaron con seis personas condenadas por juzgados de Barranquilla.
Las víctimas fueron comerciantes de distintos sectores de la ciudad y un estudiante universitario residente en Soledad. Las investigaciones, lideradas por el fiscal Elkin José Chiquillo Povea, de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC), permitieron establecer las responsabilidades de los procesados en diferentes hechos registrados entre 2025 y 2026.
Los fallos más recientes fueron proferidos contra Breiner Esteban Vásquez Cepeda y Arlis Yahanna Carreazo Silva. En el primer caso, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla condenó a Vásquez Cepeda por extorsión agravada y uso de menores de edad en la comisión de delitos.
La investigación estableció que, en enero de 2026, participó en cobros extorsivos contra la propietaria de un establecimiento de comidas rápidas del barrio El Bosque. El hombre habría acudido acompañado de un adolescente y, a nombre de Los Pepes, exigía dinero mediante amenazas de muerte y ataques contra el negocio. El procesado aceptó su responsabilidad mediante preacuerdo.
Por su parte, Arlis Yahanna Carreazo Silva fue condenada por extorsión agravada en grado de tentativa. La mujer fue capturada el 2 de junio de 2026 durante un operativo del Gaula, luego de recibir un millón de pesos que le había exigido a un comerciante del barrio Los Olivos. En este caso, las intimidaciones estaban dirigidas contra la vida de la víctima, sus familiares y trabajadores. Los responsables se identificaban como integrantes del Bloque Resistencia Caribe. La procesada también aceptó los cargos mediante preacuerdo.
Otros casos en La Luz y el centro de la investigación
Otro de los condenados fue Esnaider José Gómez Torres, cuyo fallo fue proferido el 26 de octubre de 2026 por el Juzgado 26 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla. Fue hallado responsable de extorsión agravada en grado de tentativa por hechos ocurridos los días 10 y 11 de marzo de ese año contra los propietarios de un establecimiento de comidas rápidas del barrio La Luz.
Las víctimas recibieron amenazas contra sus vidas, familiares y negocio, acompañadas de actos violentos contra el inmueble. En las intimidaciones se hacía referencia al Bloque Resistencia Caribe, señalado como una subestructura de Los Costeños. Gómez Torres aceptó su responsabilidad mediante preacuerdo. En otro proceso, Juan David Mercado Benítez y Mirian Elena Sáenz fueron condenados en octubre por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones Mixtas, tras ser hallados coautores de extorsión agravada en grado de tentativa.
Este caso se remonta al 28 de julio de 2025, cuando ambos llegaron a un establecimiento comercial y obligaron a su propietario a atender una videollamada con un hombre que se identificó como el comandante Jota, de Los Costeños. Para intimidarlo, Mercado Benítez habría exhibido un arma de fuego y, durante la comunicación, le exigieron dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida, la de su hija y la de sus empleados.
Ante las amenazas, el comerciante entregó inicialmente 500.000 pesos a Sáenz. Al día siguiente recibió nuevos mensajes por WhatsApp en los que le reclamaban el dinero restante y extendían las intimidaciones a sus familiares. La víctima acudió al Gaula de la Policía y coordinó la entrega controlada del dinero. Cuando Mercado Benítez y Sáenz llegaron al establecimiento para recogerlo, los uniformados intervinieron y los capturaron.
La sexta condena mencionada en los procesos corresponde a Yurainis Rodríguez Pérez, sentenciada el 3 de septiembre de 2026 por el Juzgado 11 Penal Municipal de Barranquilla.
La mujer fue encontrada responsable de extorsionar a un estudiante universitario, quien comenzó a recibir mensajes amenazantes el 27 de agosto de 2025. La procesada se identificaba como integrante de Los Costeños y le exigía siete millones de pesos bajo amenazas de asesinarlo a él o a su madre.
La intimidación llegó incluso al envío de fotografías del estudiante y de su hermano, con las que buscaban demostrar que conocían sus movimientos. La víctima, residente en Soledad, acudió al Gaula y acordó un encuentro en la calle 45 con carrera 11, en el barrio La Victoria de Barranquilla. Cuando Rodríguez Pérez llegó a reclamar el dinero, fue capturada por los uniformados. La entrega se realizó con billetes falsos suministrados por la Policía.
Estos procesos dejan en evidencia distintas modalidades utilizadas para presionar a las víctimas y conseguir pagos ilegales, desde amenazas directas y ataques contra establecimientos comerciales hasta comunicaciones telefónicas en las que los extorsionistas invocaban el nombre de organizaciones criminales para generar temor.
Redacción: judiciales