Lo que durante décadas fue símbolo de entretenimiento y encuentro en Barranquilla, hoy enfrenta un nuevo capítulo judicial. El inmueble donde funcionó Titos Bolos Club, luego conocido como la Bolera Moñona, será desalojado por orden de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras comprobar irregularidades en su ocupación y una deuda que supera los 2.200 millones de pesos.
La historia de este emblemático lugar se remonta a 1983, cuando en la carrera 51B con calle 94 abrió sus puertas Titos Bolos Club. En su momento, fue considerada una de las boleras más modernas del país, con 20 pistas de madera y un sistema mecánico de avanzada que la convirtió en referente del entretenimiento en la ciudad.
El proyecto fue impulsado por la familia Nasser, liderada por Julio César Nasser, en un contexto de crecimiento de la oferta recreativa en Barranquilla.
Con el tiempo, el escenario pasó a llamarse la Bolera Moñona, consolidándose como punto de encuentro para varias generaciones y como epicentro del desarrollo del bolo en la ciudad.
Por estas instalaciones pasaron importantes figuras de este deporte como Marvel Martínez, Luis Carlos Tena, Álvaro del Gordo y Rolando Molina. Además, Barranquilla fue sede de torneos nacionales e internacionales que encontraron en este espacio un lugar idóneo para la competencia.
Sin embargo, la historia del inmueble también ha estado marcada por episodios judiciales. En 1996, entró en un proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía, en medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito que involucraron a Jorge ‘Tito’ Nasser.
Con el paso de los años, el uso del predio fue cambiando. Desde finales de la década de los 90, la iglesia Vida Abundante comenzó a desarrollar sus actividades en el mismo complejo, junto con la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia, organización enfocada en procesos sociales dirigidos a comunidades vulnerables.
No obstante, la SAE informó que ordenó el desalojo del inmueble tras evidenciar una ocupación irregular prolongada por más de cinco años, incluso después de la terminación de los contratos de arrendamiento en noviembre de 2025. A esto se suma una deuda acumulada por concepto de cánones que supera los 2.227 millones de pesos.
Según la entidad, también se detectó una ampliación no autorizada del uso del predio, pasando de dos a cuatro locales sin contrato vigente ni autorización legal.
El inmueble, de más de 4.500 metros cuadrados y ubicado en una zona de alta valorización, forma parte de los bienes administrados por el Estado tras procesos de extinción de dominio. La SAE señaló que el objetivo del desalojo es recuperar el control del predio, proteger los recursos públicos y permitir su uso dentro de la legalidad.
Así, el lugar que alguna vez reunió a generaciones alrededor del deporte y el entretenimiento, hoy se convierte en escenario de un nuevo proceso legal, reflejando cómo el paso del tiempo puede transformar incluso los espacios más emblemáticos de la ciudad.
Redacción: Alejandro Sandoval
Foto: Noticias Coopercom