Luego de la carta enviada a la Asamblea del Atlántico por parte del agente interventor de Air-e, Edwin Palma, para estudiar la eliminación del cobro de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana del recibo de energía eléctrica, diputados comenzaron a mostrar su postura.
En la carta enviada a la corporación, el agente interventor expone que este cobro, además de aumentar considerablemente el cobro de la tarifa energética, es impagable para muchos usuarios en el Atlántico. En la misiva expuesta por Palma, se deja en evidencia que, si bien es cierto este cobro ha existido por varios años, se podría replicar la decisión de la alcaldía de Barranquilla, quienes suprimieron el cobro del alumbrado público de la factura de energía.
Desde Air-e Intervenida conocen la importancia de dicho cobro, pero aseguran que este podría recaudarse desde otros parámetros y no desde el recibo energético que actualmente es muy elevado.
Por su parte, en diálogo con Noticias Coopercom, el vicepresidente de la corporación, el diputado Harry Canedo del partido de la U, expuso sus puntos sobre esta solicitud. Pero reafirmó que la seguridad del departamento no es negociable y es necesario siempre tenerla como una prioridad.
El diputado Canedo reconoció que cualquier decisión a tomar debe ser concertada, pero que el recaudo que se ha tomado del cobro de la tasa de seguridad ha sido vital para adelantar inversiones para la policía y para obras públicas en beneficio de la misma comunidad atlanticense.
“Todo debe ser concertado, hay obras que están en camino, hay obras que se van a hacer y lo más importante y que lo entiendo con justa razón es la seguridad de nuestra gente del departamento del Atlántico. Todos los días pasa algo nuevo un homicidio una nueva extorsión, pero hoy con estos recursos de la tasa se están invirtiendo en tecnología en nuevos vehículos y eso nos está dando una mejor percepción de seguridad en nuestra ciudad y por supuesto en el departamento”, declaró el diputado Harry Canedo.
El vicepresidente de la Duma invitó al gobernador Eduardo Verano y al agente interventor de la empresa Air-e a llegar a un acuerdo que permita no poner en riesgo la seguridad de los atlanticenses. Ni mucho menos poner en riesgo las inversiones en materia de seguridad que surgen del recaudo del cobro de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.
“Por eso el llamado esa que todo lo que sea consensuado debe avanzar, y hoy lo que queremos es que el gerente de Air-e Intervenida (Edwin Palma), junto con el gobernador (Eduardo Verano), busquen una solución y nuestra gente del departamento pueda brindar una seguridad”, sostuvo el dirigente político.
Ahora la carta reposa en manos de la asamblea departamental, la cual seguirá siendo estudiada para darle respuesta a la empresa Air-e Intervenida, pero recalcan que el objetivo es no poner en riesgo ni la seguridad ni la ejecución de obras derivadas del cobro de la tasa de seguridad.