En establecimientos ubicados en el sector de Salinas del Rey, en jurisdicción de Santa Verónica, una de las zonas turísticas más importantes del Atlántico, fueron detectados con conexiones ilegales, en procedimientos realizados por trabajadores de la empresa Air-e.
Los funcionarios de la empresa realizaron el procedimiento en un establecimiento donde funciona un restaurante llamado ‘Estadero y Restaurante La Frontera’, a nombre de la familia Alba; en el lugar atendió a los técnicos de Air-e, la señora Erika Alba quién, en compañía de uno de sus empleados, con arma blanca arremetió de forma brusca contra un vehículo de la compañía y amenazó verbalmente a los trabajadores.
Allí se encontró una línea directa por fuera de la medida que dejaba de registrar en promedio mensual 3.966 kWh para un perjuicio económico de $3.827.190 y tampoco pagaba la contribución en promedio de $765.438.
En otra instancia, se concretó una detección en el predio identificado como ‘Hotel Kame House’, el cual no está registrado en el sistema de la compañía. En consecuencia, se presume el robo de energía para sus instalaciones, además, evadía el pago de impuestos como el alumbrado público y la sobretasa de seguridad ciudadana.
En el momento del operativo estuvo como responsable del hotel el señor Ariel Mendoza Duarte.
Este hotel, en concordancia con los informes, presentaba un consumo aproximado de 7.000 kWh para un monto cercano a los 7 millones de pesos mensuales, adicional a la contribución que corresponde a un valor proporcional de $1.350.000. Este hotel dejó de facturar a la empresa anualmente 81 millones de pesos y una contribución de 16 millones de pesos al Estado.
“A pesar de las campañas realizadas, hay personas naturales y establecimientos comerciales que insisten en conectarse ilegalmente, manipular medidores e instalaciones eléctricas. Esto no solo afecta a la empresa sino a la calidad del servicio y a los electrodomésticos”, indicó el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, Fermín de la Hoz.
Se resalta que estos establecimientos comerciales que infringen la ley afectan el patrimonio público puesto que con la contribución de solidaridad se recaudan recursos para el otorgamiento de subsidios, los cuales permiten disminuir el costo del servicio de energía que consumen los usuarios en sectores eléctricamente subnormal y residenciales de estratos 1, 2 y 3.
Por lo cual si se evade parte del pago de la contribución, le corresponde al Estado aportar recursos para cubrir el déficit que se genera.
El delito de Defraudación de Fluidos, tiene una pena de 6 años y una multa máxima de 150 salarios mínimos.
Escrito: Nicolle Pertuz Caballero
Fotos y vídeo: Comunicaciones Air-e