La tragedia del cococho en Barranquilla, que ya deja once muertos y varias personas en estado crítico, destapó un hecho aún más grave, pues el licor adulterado se producía en una vivienda bajo la jurisdicción de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El inmueble, ubicado en el barrio Las Nieves, había sido embargado hace varios años por estar vinculado precisamente a la adulteración de bebidas alcohólicas y estaba en trámite de ser donado a una iglesia evangélica. Sin embargo, terminó invadido ilegalmente y convertido en una fábrica clandestina.
En el lugar, las autoridades hallaron más de doscientas botellas vacías de whisky y ron listas para ser llenadas, además de dos tanques con la mezcla de alcohol metanol y agua que fue comercializada como la bebida artesanal conocida como ‘cococho’. Allí trabajaba Nicolás Manuel Medrano, quien manipulaba y distribuía el licor en sectores populares. Medrano se convirtió en la primera víctima fatal al probar la sustancia antes de venderla, aunque parte de la producción alcanzó a circular en barrios vulnerables como San Roque, lo que explica la magnitud de la intoxicación.
El director territorial Caribe de la SAE, Jaime Avendaño, reconoció que el inmueble estaba bajo administración de la entidad y fue recuperado tras los operativos de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Aseveró además que no se trata de un caso aislado, pues en Las Nieves existen al menos cinco propiedades más en manos de la SAE que también han sido ocupadas de forma irregular y utilizadas para actividades ilícitas, como el microtráfico y la producción de licor adulterado.
El hecho de que una propiedad que se encuentra en manos de una institución del estado terminara convertida en epicentro de la cadena criminal que produjo la muerte de once personas ha generado indignación en la capital del Atlántico. Para muchos, la tragedia refleja la falta de control sobre los bienes incautados y pone en entredicho la gestión de la SAE en la región Caribe.
Redacción: judiciales