Luego de la lectura del sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que se encuentra evaluando junto con la Policía Nacional la posibilidad de reforzar el esquema de seguridad de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien tiene a su cargo el proceso por presunta manipulación de testigos.
Heredia, jueza 44 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, fue la funcionaria encargada de pronunciar el fallo en una audiencia que ha captado la atención del país y generado reacciones divididas en sectores políticos y ciudadanos. En ese contexto, las autoridades reconocen que la jueza podría estar expuesta a nuevos riesgos, lo que ha llevado a considerar el fortalecimiento de su protección personal.
La UNP recordó que ya había recibido, el pasado 11 de febrero de 2025, una solicitud formal de medidas de protección por parte de la togada. En ese momento, se realizó una evaluación de riesgo y se activó un esquema de seguridad proporcional al nivel de amenaza identificado. Sin embargo, tras la diligencia judicial de este lunes, se inició un nuevo análisis ante la posibilidad de que el nivel de riesgo haya aumentado.
“La seguridad de los operadores judiciales es fundamental para la preservación del Estado de Derecho. Estamos trabajando en coordinación con la Policía Nacional para determinar si se requiere un refuerzo adicional en el caso de la jueza Heredia”, precisó la UNP en un comunicado.
A esta preocupación se han sumado los jueces penales de Bogotá, quienes también elevaron una solicitud a las autoridades competentes para que se redoblen las medidas de seguridad en favor de la magistrada. Argumentan que el contexto actual, marcado por la alta tensión política y mediática que rodea el caso Uribe, puede traducirse en amenazas o presiones indebidas que comprometan la independencia judicial.
Aunque no se han reportado incidentes específicos contra la jueza, la UNP subrayó que el monitoreo del entorno y de posibles riesgos es constante y se ajusta conforme avanzan los hechos. Por ahora, se espera que en los próximos días se tomen decisiones concretas sobre una posible ampliación del esquema de seguridad.
El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, que involucra acusaciones por presunto soborno a testigos y fraude procesal, ha sido uno de los más mediáticos y polarizantes de los últimos años en Colombia. La jueza Heredia, al emitir el sentido del fallo, asumió un papel clave en una decisión que no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas y sociales.
En ese sentido, las autoridades buscan garantizar que pueda seguir desempeñando su labor con plena autonomía, sin que su integridad personal esté en riesgo.
Redacción: judiciales