La Gobernación del Atlántico ha logrado recuperar más de un millón de litros de agua en lo corrido de 2026, en el marco de la estrategia para combatir el robo del recurso hídrico y garantizar que llegue a las poblaciones del departamento.
Las acciones, desarrolladas en articulación con la Policía del Atlántico, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la empresa operadora Aqualia, permitieron intervenir más de 120 conexiones ilegales en municipios del sur y de la zona oriental, utilizadas principalmente por grandes finqueros, agricultores y ganaderos para abastecer actividades productivas de manera irregular.
De manera paralela, la administración departamental interpuso 36 denuncias penales contra responsables de estas prácticas ilegales, quienes enfrentan procesos judiciales.
El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó el alcance de estos resultados y la firmeza institucional frente a este delito.
“Estos resultados demuestran que hay una acción decidida para enfrentar el robo de agua en el departamento. Estamos hablando de más de 120 intervenciones, más de un millón de litros recuperados y 36 denuncias penales que marcan un precedente claro frente a estas conductas ilegales”, afirmó.
El funcionario agregó que el hurto de agua tiene un impacto directo sobre la ciudadanía, al reducir la presión en las redes, afectar la continuidad del servicio y comprometer el acceso a un recurso esencial, por lo que el departamento continuará avanzando en la identificación y judicialización de los responsables.
En ese contexto, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina, se refirió a la dimensión social del problema y en el esfuerzo institucional que respalda la prestación del servicio.
“Es muy importante tener presente que el gran esfuerzo que ha hecho la Gobernación del Atlántico en inversiones por más de 1,3 billones de pesos es con el único propósito de abastecer y llegar con agua potable a toda la población, mejorar la continuidad del servicio y llevar agua por primera vez a comunidades que no la tenían. El agua potable es salud, es vida, es calidad de vida”, expresó.
De igual forma, en zona rural de Manatí se identificaron 33 conexiones ilegales en fincas privadas. En esta zona, el hurto de agua asciende a cerca de 1.500 metros cúbicos diarios, generando pérdidas estimadas en 2.000 millones de pesos y afectando a más de 40.000 habitantes.
Desde el componente técnico, el coordinador operativo de Aqualia, Julián Pacheco, explicó que estas conexiones ilegales generan impactos estructurales sobre el sistema de acueducto.
“Las derivaciones clandestinas, especialmente sobre tuberías principales, alteran el equilibrio hidráulico del sistema, provocando caídas de presión, intermitencias en el servicio y dificultades para garantizar continuidad, especialmente en las zonas más alejadas”, indicó.
“Además, la manipulación inadecuada de redes de agua tratada puede comprometer la calidad del recurso y aumentar las pérdidas operativas, afectando la eficiencia del sistema”, añadió.
Fuente: Gobernación del Atlántico