Con un saludo a las lideresas, líderes sociales, comunales, estudiantes, campesinos, campesinas, defensoras del medio ambiente, representantes de las etnias indígenas, negras, afrocolombianas y población Lgtbiq+, quienes fueron beneficiarios de los créditos aprobados por el Banco Agrario.
En su discurso el presidente dio a conocer de lo que pretende hacer en el territorio del Atlántico y el Caribe como es la situación de los servicios públicos.
Desde la existencia de Electricaribe hace un tiempo derivó en unas circunstancias que llevaron al Gobierno pasado, no se puede, porque lo han hecho así, atribuir a este Gobierno la responsabilidad que hay sobre el régimen tarifario actual vigente. El Gobierno pasado decidió entregar la empresa Electricaribe, después de una fuerte inversión pública que se suponía iba a mejorar su eficiencia, a dos empresas dividiendo el Caribe en dos áreas, Afinia y Aires.
Esas dos empresas, como aquí se afirmó, a través de un contrato con el Estado, decidieron hacer algo que la ley prohíbe, tanto Gobierno como empresas, a través de la contratación decidieron hacer algo que la ley prohíbe como trasladar las pérdidas que se ocasionan por ineficiencia de la empresa a los usuarios y usuarias.
“Hoy un sector de la población del Caribe colombiano que tiene dificultad para pagar la energía, lo que ha ocasionado una cultura de no pago, además, la politiquería de hace muchas décadas cambiaba los votos por las facturas, como aún mucha gente cree hoy, que la política es para eso y que el voto se compra”, señala el presidente.
Hay un gran sector que, por razones económicas, sociales o por cultura no paga los servicios públicos y en esa medida, la decisión fue trasladar las pérdidas a los usuarios, porque la comercializadoras hoy las pérdidas se las trasladan a las facturas de las personas que sí pagan lo que encarece el servicio. Hoy pagan la energía más cara del país, y Colombia tiene una de las facturas eléctricas más caras de América, y el Caribe para el servicio de energía más cara del continente americano, dice el mandatario.
Recuerda lo primero que intentó hacer fue, lo qué le otorga la Constitución, dice que el presidente tiene el control, la vigilancia e incluso la normatividad sobre los servicios públicos en Colombia, expedir un decreto para intervenir las tarifas públicas que se están cobrando excesivamente en el Caribe colombiano.
Este decreto fue demandado por la oficina de Néstor Humberto Martínez, a través de su hijo, puso la demanda y, de facto, un magistrado tumbó el decreto. El magistrado ya no trabaja en el Consejo de Estado, pero sí generó un daño, en mi opinión, al ordenamiento constitucional que le permite al presidente dirigir la política de servicios públicos en Colombia.
Por eso, hemos mirado las vías que tenemos, hay varias. En este momento vamos a cambiar unas fórmulas de las tarifas de servicios públicos en la Comisión de Regulación específicamente para energía eléctrica a través de resoluciones, y vamos a proponerle al Caribe colombiano una serie de inversiones que tienen que ver con cambiar el modelo eléctrico que se está aplicando desde Córdoba hasta La Guajira.