Un nuevo detractor del cobro de la valorización de la vía al mar y la circunvalar de la prosperidad se ha hecho presente, en esta ocasión las comunidades afrocolombianas e indígenas demandarán dicho cobro alegando que este no cumple los requerimientos mínimos de ley.
Ambas comunidades adelantarán una acción de tutela encabezada por el representante a la cámara por el Atlántico Gelser Pérez, el cual señaló que este cobro de valorización se realizó sin adelantar las consultas previas que ordena la ley, teniendo en cuenta que este cobro afectará significativamente a las comunidades afros e indígenas de 8 municipios de Atlántico y Bolívar.
“Es inconstitucional y además, ilegal, son dos términos distintos, es inconstitucional porque va en contravía del artículo 338 de la constitución política que establece que estas contribuciones deben cobrarse durante el tiempo que la obra se desarrolle, esto va específicamente en la segunda circunvalar e ilegal, porque viola la ley 21 1991, que establece las consultas previas”, explicó el parlamentario atlanticense.
Asimismo el representante a la cámara, expuso que el gobierno le estaría faltando al compromiso con estas comunidades.
“Resulta que cada uno de estos ocho municipios, y los dos distritos que pretende afectar la nación a través de esta valorización, tienen presencia de asentamientos indígenas y afrocolombianos, y el Gobierno Nacional, a través Congreso, ratificó el convenio 169 de la OIT, que contempla que en cada una de las poblaciones donde exista asentamiento minoría étnicas se debe hacer la consulta previa cuando exista una afectación legal o administrativa” decía Gelser Pérez.
Con esta nueva acción legal se llevará a cabo un nuevo intento de tumbar dicha valorización, que de momento sigue en pie para llevarse a cabo en 2025 y afectando a Atlántico y Bolívar