En las últimas horas, se conoció una medida cautelar interpuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico, donde se suspende el cobro de valorización de la vía al mar entre Barranquilla y Cartagena. Esta medida dicta que el primer “round” lo ganan las capitales del Atlántico y Bolívar, frente al gobierno nacional, pero, ¿qué significa esta medida?
Recordemos que con esta medida el gobierno nacional buscaba recaudar 1.23 billones de pesos a través de un cobro gradual en más de 70 mil predios en los 2 departamentos. Este cobro iba a dar inicio en este mes de junio en más de 10 mil predios de los municipios de Juan de Acosta, Piojó y Tubará en el Atlántico y Santa Catalina en Bolívar. Asimismo, desde el ministerio de transporte se conoció que el cobro progresivo desde julio se daría de la siguiente manera, 46.305 predios de la ciudad de Cartagena, luego a mitad de agosto 19.363 predios en Galapa, Malambo y Soledad, luego, a mediados de septiembre 51.845 predios de Barranquilla y finalmente, a finales de octubre: 19.363 predios de Puerto Colombia.
Esto se hizo tras un censo realizado por Invias en los últimos meses. Dicho censo fue fuertemente criticado por no dar claridad en los hechos de los predios.
Recordemos que esta disputa empezó ya hace varios meses, cuando en su momento la ministra de transporte, María Constanza García, ratificó el cobro y que este no tendría marcha atrás. Aun cuando algunos estudios afirmaron lo mucho que este cobro afectaría a miles de predios de los estratos. Además, desde la cartera de transporte, recalcaban que estos recaudos de 1,3 billones de pesos iban a ser destinados para obras de infraestructura en la vía al mar y sus zonas aledañas, pero fuentes cercanas dictaron que este recaudo no iba a tener este fin.
En medio del fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Atlántico se lee que “cesación inmediata de la actuación, hasta que haya decisión de fondo sobre lo pretendido en la acción popular, y sin detrimento que se vayan dinamizando mesas de trabajo, estudios técnicos y participación de expertos, autoridades regionales y la ciudadanía, a fin de encontrar una solución menos lesiva para los afectados y el servicio público que se pretende garantizar”. Además, el ente judicial, explicó en el mismo fallo que el censo no ha sido claro y que no ha sido socializado con claridad, lo que afectaría considerablemente a la ciudadanía, donde también recalcó que solo el 65% de la obra es de doble calzada.
Pronunciamientos del fallo
Luego de conocerse la situación, distintas personalidades se pronunciaron sobre este hecho, además del pronunciamiento del alcalde de Barranquilla Alejandro Char, por medio de su cuenta de X. El diputado del Atlántico, Camilo Torres también aprovechó y a través de sus redes sociales felicitó el fallo. El cual llegó a beneficiar a miles de familias de ambos departamentos y a no llevar a cabo un cobro que estaría afectando considerablemente el bolsillo de estos.
“La justicia frenó, de manera momentánea, un cobro injusto y arbitrario. El Tribunal Administrativo del Atlántico evidenció falta de socialización, deficiencia técnica, posible afectación a comunidades étnicas y posible vulneración de principios constitucionales, en un proyecto que pretendía que las comunidades del Atlántico y Bolívar pagaran por obras inconclusas y con decisiones tomadas a espaldas del pueblo. Esta suspensión es un triunfo de la legalidad y la participación ciudadana. Ahora debemos proteger esta decisión a cómo dé lugar”, posteó el diputado.
Por su parte, el congresista Carlos Meisel, también se pronunció, recalcando que este es un triunfo de una acción popular y de no una decisión tomada desde la capital que afectaría a millones. “Triunfa nuestra acción popular y decretan las medidas cautelares para suspender el injusto cobro de la valorización. Es una reivindicación a nuestra región, que muchas veces se ve afectada por decisiones tomadas desde Bogotá”, declaró el senador.
¿Qué viene en la disputa?
Ahora, con este primer “round” ganado por Barranquilla y Cartagena, el gobierno nacional deberá tomar una decisión sobre esta medida, teniendo en cuenta que ahora también se encuentra involucrada la Procuraduría para dar su veredicto sobre el fallo presentado por el Tribunal Administrativo del Atlántico.