En una acción sin precedentes, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión provisional de cinco empresas de vigilancia con operaciones en la ciudad de Barranquilla. La decisión, calificada como “histórica” por las autoridades, responde a la directriz del presidente de la República, Gustavo Petro, de fortalecer el control y la legalidad en el sector de la seguridad privada a nivel nacional.
La superintendente Yenniffer Parra Moscoso confirmó la medida y destacó que la intervención hace parte de una estrategia integral que busca mejorar las condiciones de seguridad en el país. Las empresas suspendidas contaban con un total de 696 hombres en sus filas y tenían bajo su poder aproximadamente 483 armas, muchas de las cuales presentaban irregularidades en su documentación y tenencia.
“Este es un paso importante en el cumplimiento de la misión que nos ha encomendado el presidente Gustavo Petro, de ejercer un control riguroso sobre las empresas de vigilancia privada. No vamos a permitir la operación de empresas que no cumplan con los requisitos legales ni que pongan en riesgo la seguridad de los colombianos”, afirmó Parra Moscoso.
Durante las diligencias administrativas, realizadas en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, se incautaron 30 armas de fuego que no contaban con la autorización de la Superintendencia para estar en funcionamiento. Estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de depurar el sector y reforzar los mecanismos de vigilancia.
Una pieza clave de la operación fue el trabajo técnico de verificación liderado por la Seccional de Control y Comercio de Armas y Explosivos número 61, de la ciudad de Barranquilla. A través de la plataforma CIAEN 2.0, las autoridades comprobaron el estado de las armas, los permisos vigentes y las responsabilidades de cada empresa intervenida. Esta labor permitió evidenciar numerosas inconsistencias, incluyendo armamento con registros vencidos o sin trazabilidad legal.
Según la superintendente Parra, “logramos una sinergia muy importante entre las distintas entidades del Estado. Esta clase de trabajo coordinado entre el Ministerio de Defensa, la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría es esencial para garantizar la seguridad ciudadana y devolverle la confianza a la ciudadanía sobre los controles que se ejercen en este sector”.
Con esta intervención, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no solo busca corregir irregularidades puntuales, sino también sentar un precedente sobre la importancia del cumplimiento normativo y la transparencia en la operación de empresas dedicadas a la seguridad. Las autoridades advirtieron que este tipo de acciones se replicarán en otras regiones del país donde se detecten anomalías.
“La seguridad del país no puede estar en manos de quienes actúan al margen de la ley. Esta es una señal firme de que estamos vigilantes y comprometidos con proteger a la ciudadanía”, concluyó Parra Moscoso.
La Superintendencia reiteró que continuará fortaleciendo sus mecanismos de control, y que las empresas del sector deben mantenerse en estricto cumplimiento de la normatividad para seguir prestando sus servicios.
Redacción: judiciales