El caso de un supuesto espionaje del Ejército colombiano a periodistas y políticos, denunciado por la revista Semana, fue rechazado por los reporteros que habrían sido interceptados y objeto de “perfilamientos” por parte de las Fuerzas Armadas. A través de una carta, 34 de los periodistas perfilados exigieron al Gobierno explicaciones sobre las denuncias y exigieron garantías para ejercer su labor.
La carta, titulada, ¿‘Por qué nos vigilan? Preguntas públicas al gobierno del presidente Iván Duque y al Ejército de Colombia’, se hace cuatro preguntas sobre las denuncias publicadas en Semana, que habla de la existencia de unas supuestas “carpetas secretas” con información detallada de seguimientos a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.
“Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país”, manifestó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un comunicado.
El reporte periodístico, titulado “Las carpetas secretas”, asegura que son por lo menos 130 las personas espiadas mediante herramientas informáticas, entre ellas periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno.
Sin embargo, el foco de los seguimientos estaba puesto en la prensa, en especial en corresponsales de medios estadounidenses, como Nick Casey, de The New York Times, Juan Forero, del Wall Street Journal; John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), sigla en inglés), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.
La denuncia revela que también existen carpetas sobre medios alternativos como La Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto.
El viernes, horas antes de que se publicara la investigación, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la desvinculación del servicio activo de 11 oficiales y el retiro voluntario de un brigadier general, a raíz de las denuncias que trascendieron hace unos meses “sobre el presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar y siguiendo la Política institucional de cero tolerancias con la ejecución de conductas al margen de la ley”.
Fuente El Espectador.