Un fallo de la Corte Constitucional aceptó, por 5 votos contra 3 y algunos salvamentos, las objeciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley aprobado en el Congreso, y que abría las puertas para que las mujeres que habían desempeñado el oficio de madres comunitarias accedieran, entre otros beneficios, a un subsidio de vejez.
La providencia de la Corte también tumbó la posibilidad de que las madres comunitarias accedan a contrataciones directas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la vez que afectó, al ser considerado un exceso por parte del Congreso, aquel que daba la posibilidad a que las madres comunitarias contaran con un fondo económico administrado por el Icetex.
Además, el proyecto establecía acceso gratuito a educación básica y media para estas mujeres.
La decisión de la Corte estableció como inconstitucionales los artículos 2, 3, 7 y 10, a la vez que catalogó como inexequibles los artículos 4, 5 y 6, en una ley que está compuesta por 19 de estos.
Los argumentos presentados por el Gobierno para objetar la ley radican en que esta era permisiva y debía ser declara inconstitucional, en tanto permitía acceso a pensión a personas que no cumplían con los requisitos legales de semanas de trabajo cotizadas, violando el principio de equidad.
La reacción del sindicato de madres comunitarias del ICBF no se hizo esperar y anunció que acudirá a instancias internacionales, para que se garanticen sus condiciones y garantías laborales.
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