El procurador Fernando Carrillo informó en medio de rueda de prensa que decidió investigar algo más de 5.000 contratos suscritos en 2020, cuyo monto supera los 191 mil millones de pesos, entre la Gobernación del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con entidades locales y nacionales.
“Después del paso del huracán Iota, en el departamento se han celebrado 318 contratos, por valor de $7.035 millones, de los cuales seis, que suman $2.315 millones corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago como el alumbrado navideño, capacitaciones para agentes de tránsito o funcionarios de nivel directivo y participación en torneos de baloncesto, por lo que se abrirá proceso disciplinario”, señaló.
Por lo anterior, el ente busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con unos 1.500 contratistas, entre quienes figurarían personas que ni siquiera viven en el departamento.
El Procurador hará especial vigilancia a 12 contratos que suman algo más de $16.300 millones entre la gobernación y Carlos Rafael Benet González, Consorcio Circunvalar, Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S, Asociación Sweet Food, Federación Colombiana de Baloncesto, Society Protection Technics Colombia Ltda., Corporación Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias, Society Servies General S.A.S., Consorcio Alcantarillado Avenida Newball, y Aqua SAI S.A.S.
También abrió indagación preliminar al gobernador encargado, Alen Jay Stephens; a los secretarios General (e), Martha Moreno; de Hacienda, Liza Hayes, y al de Planeación, Bartolomé Taylor, por unas presuntas irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado navideño de la isla, por valor de $1.550 millones.
Además, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, y a la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Ana Mercedes Newball Taylor, por presuntos sobrecostos en el Contrato 1163 de 2020, suscrito con Fumigaciones Pest Control Providencia, días antes de la emergencia ocasionada por el Huracán Iota, para la desinfección de los edificios públicos y vehículos de la alcaldía, por valor de $200 millones.
Entre las investigaciones, también figura el secretario de Salud, Julián Roberto David, por presuntas irregularidades en dos contratos, cuyos objetivos estaban dirigidos a adquirir elementos de protección personal para el cuerpo médico del hospital departamental, por $360’707.648.
“El Ministerio Público busca determinar el estado en que llegaron los suministros luego de que el operador del hospital devolviera 5.500 mascarillas, que aparentemente no estarían en condiciones adecuadas para proteger la vida de los trabajadores y pacientes”.
Como si fuera poco, también avanza la indagación preliminar contra el gobernador Everth Julio Hawkins, por posibles irregularidades en la ejecución de un contrato, suscrito con la Asociación Sweet Food, por valor de $1.083’420.000, que tenía por objeto el suministro de almuerzos, y entrega de paquetes alimentarios y de aseo para 300 adultos mayores, en el marco de las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia de covid-19 en el departamento.
El ente de control disciplinario también indaga a funcionarios por determinar de la gobernación, por presuntas irregularidades en la contratación del suministro de agua potable en carrotanque, por valor de $450 millones. Se busca establecer “si se habría pactado un contrato ficticio con la empresa Aqua SAI LC A.S.A, teniendo en cuenta las denuncias de la comunidad del sector del Cove, por el presunto incumplimiento en la cobertura del servicio”.
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