Rafael Enrique Romero, representante legal de Omega Buildings, una de las empresas que forman parte de la Unión Temporal Centros Poblados, el consorcio al que se le atribuye la pérdida de $70.000 millones para conectar zonas rurales en el país, en el controversial contrato con el Ministerio de las Telecomunicaciones, tiene un contrato con la Cámara de Representantes durante este año, no obstante la investigación que se adelanta por el incidente y la reciente moción de censura contra Karen Abudinén, la ministra del ramo.
El contrato tiene el objetivo de “prestar servicios profesionales para acompañar la división financiera en la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas tanto personas naturales y jurídicas”
El contrato fue firmado el pasado 17 de febrero y, según los registros del Secop, vence el 14 de diciembre de 2021.
El problema con este nuevo hallazgo es establecer por qué el representante legal de una compañía de infraestructura, beneficiada en el contrato del MinTIC, y que ha tenido otros contratos con el Estado, es ahora contratista de la Cámara de Representantes para apoyar la división financiera en revisión de cuentas.
De esta manera, se conoció que Romero también adelantó un acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca desde junio hasta octubre de 2019, la cual fue terminada con antelación porque el acuerdo tenía vigencia hasta diciembre de ese año.
Además, Romero tuvo un cargo de contratista en el Sena por $49 millones con el objetivo de “proponer y acompañar la implementación de estrategias para cumplir con los tiempos previstos y la calidad de la información según el marco legal para el otorgamiento de registros calificados sean de renovación, ampliación, modificación, extensión o cualquier otra forma”.
Este nuevo descubrimiento genera más preguntas acerca de la relación de Centros Poblados y el Estado, pues el Ministerio de las TIC no es la primera entidad gubernamental que ha adelantado acuerdos con integrantes del consorcio.
Edición: Gustavo Enrique Bossio Jiménez
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