En una operación judicial de gran alcance, el Juzgado 102 Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías legalizó la captura y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra 12 de los 17 capturados por su presunta vinculación a una red de apropiación ilegal de tierras en el municipio de Soledad, Atlántico.
La decisión judicial se da en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía, en la que se señalan a los capturados de haber participado en maniobras fraudulentas para adueñarse de predios públicos y privados, muchos de los cuales estaban destinados a obras sociales o de infraestructura pública.
¿Quiénes irán a prisión?
Entre los que deberán cumplir medida de aseguramiento en centro penitenciario se encuentran varias figuras con cargos públicos o profesionales que, presuntamente, habrían facilitado la legalización fraudulenta de la tenencia de los predios:
José Peñaloza, supuesto poseedor irregular.
José Márquez, abogado.
José Luis Pacheco, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad.
Marlon Mora, inspector. (Cabe señalar que su captura no fue legalizada por errores en la documentación presentada al momento de su aprehensión.)
Inés Salas, señalada como agente corruptora.
Rafael Bossio, abogado.
Roque José Lugo, señalado como presunto testigo falso.
Wilmar Machuca, también señalado como poseedor irregular.
Luis Miguel Martínez, presunto agente corruptor.
Alex Ahumada, abogado.
Andrés Diazgranados, funcionario de la Secretaría de Gobierno de Soledad.
Neisy Cantillo Del Toro, exinspectora.
Estos nombres configuran lo que las autoridades consideran una red estructurada y con roles claramente definidos para apropiarse indebidamente de terrenos con alto valor comercial o de interés público.
Medida de aseguramiento domiciliaria y liberaciones
Una medida de aseguramiento menos severa fue otorgada a Ismael Cárcamo, también señalado como agente corruptor, quien por razones de avanzada edad deberá cumplir la detención preventiva en su lugar de residencia.
En cambio, otras cuatro personas que también fueron capturadas en esta operación quedaron en libertad, luego de que el juez determinara que su actuación no estaba directamente relacionada con la comisión de los delitos investigados:
Francisco Mejía, notario único del municipio de Santo Tomás.
David Castro Macías, exregistrador.
Juan Manuel Ucrós, exregistrador.
Iván Páez, exregistrador.
El juez explicó que los notarios y registradores no tienen entre sus funciones la verificación de la legalidad de los actos materiales de posesión o propiedad, sino únicamente la certificación formal. En el caso del notario Mejía, el operador de justicia fue enfático al señalar que su rol es estrictamente de fe pública y no de administración de bienes:
“Autorizar escrituras no es una organización ilegal… un notario no organiza y no parcela”, sostuvo el juez, al recalcar que el notario no tiene competencia sobre la legalidad externa del acto que se le presenta.
Delitos imputados y predios en disputa
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una extensa lista de cargos en contra de los implicados, incluyendo: peculado por apropiación, falsedad en documento privado, invasión de tierras o edificaciones, estafa, falsedad material en documento público, prevaricato por acción y por omisión, fraude procesal, uso de documento falso, urbanización ilegal, falso testimonio, cohecho y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, entre otros.
En total, fueron legalizadas 16 de las 17 capturas, siendo la excepción la del inspector Marlon Mora, debido a fallas en la documentación al momento de su detención.
Asimismo, la Fiscalía destacó tres casos emblemáticos de presunto robo de tierras que habrían sido instrumentalizados por esta red criminal:
Predio en el barrio El Manantial: un lote que había sido entregado por la constructora Arquitectura y Concreto a la alcaldía de Soledad para la construcción de una zona verde, y que habría sido objeto de apropiación ilegal.
Terreno cedido por Marval: destinado a la edificación de un megacolegio, también presuntamente invadido por la red.
Finca Villa Regina: ubicada en el sector de Granabastos y de propiedad de la firma Tcherassi Mayans & Compañía S.C., otro caso señalado de intento de despojo fraudulento.
Más implicados en el caso
La investigación también ha salpicado a la Notaria Segunda de Barranquilla, Ana Dolores Meza, quien fue capturada y cobijada con medida de aseguramiento domiciliaria. Su participación en los hechos aún está siendo evaluada por las autoridades judiciales.
Conclusiones preliminares
Este caso ha generado gran atención en el Atlántico por el presunto uso de la institucionalidad para legalizar despojos ilegales de terrenos de uso público. Las autoridades insisten en que se trata de una investigación en curso y no descartan nuevas capturas o ampliaciones en los cargos.
Con estas acciones, la justicia pretende enviar un mensaje claro sobre el compromiso en la lucha contra la corrupción y el tráfico ilegal de tierras, fenómeno que ha afectado gravemente a varios municipios del país, en especial aquellos en expansión urbana como Soledad.
Redacción: Alejandro Sandoval
