Negar la solicitud del ex general Miguel Alfredo Maza Márquez para su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, por el crimen del líder político, Luis Carlos Galán Sarmiento, pidió la Procuraduría General de la Nación.
El ente señaló que el asesinato del político, por el cual fue condenado a 30 años de cárcel, no tiene relación con el conflicto armado del país. A pesar que dentro de los argumentos el ex general ha indicado que su solicitud para acogerse a la JEP sus actuaciones hicieron parte de la violencia derivada del conflicto interno del país de la época.
Consideró la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Procuraduría sobre la falta de competencia para conocer de los hechos que rodearon los homicidios con fines terroristas por los que fue sentenciado el oficial, hoy en retiro, por lo que también solicitó declarar improcedente la petición de libertad transitoria condicionada y anticipada y que el expediente sea devuelto a la Corte Suprema de Justicia.
Aunque el ente de control considera que para 1989 las circunstancias en el país eran las propias de un conflicto armado, los hechos que comprometieron al entonces general activo Miguel Maza Márquez, no tuvieron relación directa ni indirecta con el conflicto, ni se cometieron con ocasión del mismo, y a pesar de su gravedad, la conducta cometida tuvo relación con delincuencia organizada, como quedó establecido en la sentencia condenatoria.
Ante la solicitud del general retirado Maza Márquez, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumió su estudio para verificar si se reunían los requisitos para entrar en la JEP, entre ellos que los hechos punibles cometidos tengan relación con el conflicto armado interno.
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