Por el presunto incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante las cuales se ordenó entregar el cargo de rector de la Universidad de la Atlántico a Leyton Barrios, la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico dio apertura a una investigación disciplinaria contra Rafael Castillo Pacheco, actual rector encargado de la institución.
Lo anterior teniendo en consideración que Castillo Pacheco ha hecho alusión en una continuidad a futuro en el ejercicio de la función pública de rector pese a que se suspendió los efectos del acto administrativo que ordenó vigilancia especial sobre la alma mater y que permitió que se le designara como rector encargado de la misma.
“Esta conducta podría constituir falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1952 de 2019, según el cual da lugar a la imposición de una sanción correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses”, se lee en el documento.
Dicho esto, la Procuraduría también ordenó la suspensión provisional del Castillo Pacheco en su condición de Rector de la Universidad del Atlántico designado por el Ministerio de Educación Nacional.
En ese sentido, para este asunto el ente de control afirmó que se evaluará la conducta de Castillo Pacheco en su condición de rector de la Universidad del Atlántico, designado por el Ministerio de Educación Nacional por la presunta comisión de faltas gravísimas previstas en concordancia con las conductas de usurpación de funciones públicas, fraude a resolución judicial, así como por la posible incursión en la prohibición al Código General Disciplinario.
El despacho también advirtió que durante este procedimiento, sin que se implique un prejuzgamiento alguno sobre la responsabilidad disciplinaria del Castillo Pacheco,
la permanencia en el cargo del mencionado hace posible la continuación de la conducta investigada, circunstancia que satisface uno de los presupuestos materiales exigidos para la imposición de la medida cautelar de suspensión provisional.
En consecuencia, resaltó que la separación del cargo se muestra necesaria para impedir la continuación de los hechos materia de investigación, preservar la eficacia de la actuación disciplinaria y garantizar el respeto y cumplimiento de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, así como la garantía de la función pública en los términos del artículo 23 del CGD.
Por otro lado, la Procuraduría fue enfática en que el implicado tendrá derecho a solicitar aclaración de las medidas, pero que esto no suspende la ejecución del fallo, ni puede convertirse en una excusa para sustraerse del cumplimiento de la medida cautelar, ya que estas decisiones son de inmediato cumplimiento.
Es importante destacar que la presente decisión será traslada hacia el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico, para que, en su condición de máximo órgano de dirección y gobierno y nominador del ente universitario, adopte las medidas necesarias para hacerla efectiva.
Además, corresponde al Consejo Superior Universitario, como nominador natural y órgano competente dentro del régimen de autonomía universitaria, materializar la presente decisión disciplinaria, indistintamente de la que designación la haya realizado el Ministerio de Educación Nacional.
Foto: Universidad del Atlántico